Alianza europea contra el dumping social en el transporte
París ha sido el lugar elegido para la presentación de la “Alianza por la Carretera”, una iniciativa de la que no forma parte España pero sé países como Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Italia, Luxemburgo, Noruega y Suecia, decididos a poner trabas a la proliferación del “dumping social en el sector”.
Según informa Fenadismer, federación que “lamenta la exclusión de España”, el acuerdo pone de relieve que el transporte de mercancías por carretera en Europa se enfrenta en la actualidad “a la competencia desleal en gran medida derivada del dumping social por las empresas que se deslocalizan en países con menores costes”. De hecho, se asegura que el transporte de mercancías por carretera es “víctima del uso de sofisticado fraude y mal uso de las normas del mercado interior y la legislación laboral”.
Competencia leal y derechos sociales
La iniciativa conjunta presentada tiene como principal objetivo “defender un transporte por carretera de mercancías que se desarrolle en una competencia sana y leal entre los operadores económicos y con el objetivo de garantizar los derechos sociales de los trabajadores”. La presentación de la “Alianza por la Carretera” va unida a la firma, por parte de los mismos nueve países europeos, de un plan de acción compuesto de ocho medidas destinadas a lograr dos objetivos. Por un lado, lograr que converjan algunas medidas nacionales de aplicación de la normativa europea para facilitar la aplicación por parte de los operadores y mejorar la vida de los trabajadores.
Por otro, mejorar las prácticas de control basadas en las experiencias mutuas así como fortalecer la cooperación para la lucha más eficaz contra el fraude.
El conjunto de medidas, así como la “Alianza por la Carretera”, asegura en un comunicado Fenadismer, son “objetivos que comparte plenamente. Por ello, reclamamos de nuevo al Gobierno la trasposición urgente a la legislación española de la Directiva europea sobre desplazamiento de trabajadores (salario mínimo). Serviría para mitigar el impacto que sufre el sector español del transporte por carretera por la competencia desleal que ejercen las empresas deslocalizadas en países del Este de Europa.