GUITRANS denuncia la inacción de la administración ante la crisis
La Asociación Empresarial Guipuzcoana de Transporte de Mercancías (GUITRANS) celebró el pasado sábado su Asamblea General de socios en el Palacio de Miramar de San Sebastián. El acto sirvió para evidenciar la crisis que sufre el sector del transporte de mercancías por carretera en la provincia. Crisis que, según los datos manejados por la propia asociación, ha motivado que sólo la provincia de Guipúzcoa haya perdido el 26% de sus empresas de transporte en los últimos cinco años. Es decir, en la actualidad operan 773 empresas menos que en enero de 2008, mientras que la cifra de empleos que se han perdido en el período de tiempo alcanza los 4.500 trabajadores.
Uno de los aspectos más destacados de la Asamblea fue la denuncia realizada por la asociación de la “inacción de la administración, que lejos de articular las medidas necesarias para que las empresas de transporte puedan tener margen de maniobra en esta coyuntura adversa, están aplicando exclusivamente medidas de recorte y de penalización de la actividad empresarial por medio de la subida de impuestos y la imposición de peajes”, destaca.
Para GUITRANS sería más positivo que en vez de «ahogarnos» a impuestos, redujeran los gastos del gran número de empresas públicas «de dudosa eficacia». En relación a la posibilidad de que se implanten nuevos peajes en Gipuzkoa, la Asociación insiste en que la implantación de los mismos en vías guipuzcoanas, que actualmente son gratuitas y que no cuentan con las infraestructuras necesarias para el descanso de los conductores, sería la puntilla para el sector. “Un sector que no hace sino pagar una cantidad ingente de impuestos (hidrocarburos, sociedades, IRPF, IVTM, IBI, módulos, matriculación, circulación, IVA, tasas ITV, tacógrafo, etc.), creando de paso riqueza y empleo, por lo que está más que justificado el uso de las infraestructuras por parte de las empresas de transporte, sin pagar más tasas, viñetas, ni peajes”, puntualiza.
GUITRANS ha denunciado, asimismo, la lentitud de la Administración española a la hora de tomar decisiones, para ello pone como ejemplo el hecho de que hayan sido necesarios dos años para que la reforma de la LOTT incluya la denominada acción directa, algo que en Francia, “como sucede con la garantía de cobro a 30 días”, se viene realizando desde hace años.
La Asamblea también ha puesto de manifiesto que cinco años después de iniciada la crisis y de que Europa y el Estado hayan salido al rescate de las entidades financieras, las grandes cantidades de dinero público aportadas para salvar bancos y cajas no están sirviendo para que fluya el crédito y mejore la liquidez de las empresas.
“Es preciso que las entidades financieras pongan en circulación los 5.600 millones de euros que la economía vasca necesita para resistir. La Administración tiene que exigir a los bancos y cajas rescatados esta responsabilidad, adecuando asimismo, la composición de sus Consejos de Administración, con unos requisitos de idoneidad de sus componentes”, afirmó Ignacio Cepeda, presidente de GUITRANS.
Y es que, como consecuencia de todo lo anterior, se está produciendo la falta de rentabilidad de las empresas y el desembarco de grandes multinacionales de capital extranjero que están copando el mercado local. Esto no revierte en más puestos de trabajo, ya que su feroz competencia se basa en la contratación de trabajadores y autónomos de países del Este, que tienen costes sociales y laborales cuatro veces más bajos que los de aquí, está empobreciendo el sector, nuestra economía y nuestro territorio.
Los problemas laborales también fueron abordados en la asamblea. GUITRANS demandó una armonización en materia de negociación colectiva, ya que en este momento resultan insoportables la diferencias existentes entre convenios colectivos. Entre ellos el de Gipuzkoa y los del resto del Estado, “teniendo en cuenta que hay que competir con esas empresas, esta desigualdad nos está dañando seriamente, ya que nuestros costes de partida son más elevados”, puntualiza. También ha abogado porque las modificaciones fiscales, como la del régimen de módulos, se realicen en cualquier caso de una manera armonizada porque cualquier cambio en este ámbito nos coloca en inferioridad de condiciones.
En la asamblea también se habló de la competencia desleal, “se estima que puede haber unos 15.000 vehículos que operan desde el fraude y la ilegalidad en estos momentos en el Estado”, aseguran desde GUITRANS. Un hecho que repercute en el sector y en la reducción de la recaudación tributaria, distorsionando la competencia y empeorando aun más las expectativas de las empresas que operan en la legalidad y que obliga a un cambio en el baremo sancionador que castiga con sanciones muy elevadas al transportista que funcionan dentro de la legalidad por infracciones documentales o burocráticas y es en cambio muy flexible con los ilegales.
GUITRANS aboga por aprovechar la modificación de la LOTT para poner coto a estas empresas, con una legislación similar a la que existe en Francia, donde las sanciones por operar fraudulentamente pueden ser de 30.000 euros y un año de prisión. “En España los ilegales van cambiando de razón social sin ningún problema pagando la sanción administrativa correspondiente, una sanción pecuniaria de 4.600 euros como máximo, que no les disuade”, afirma la Asociación.
Las empresas representadas en este acto por medio de las asociaciones nacionales presentes, FITRANS y ASTIC, son 2.500, con 23.500 vehículos y 32.600 trabajadores. Un potencial, que fue destacado por el presidente de GUITRANS, Ignacio Cepeda quien subrayó que “es importante que seamos conscientes de ese potencial que nos debe ayudar a valorar nuestra capacidad de reacción ante la adversa coyuntura que estamos viviendo”.