La aprobación por parte de Francia, Alemania y Austria de una Ley que obliga a las empresas –aunque sean originarias de otra país comunitario– de aplicar el salario mínimo a los transportistas profesionales ha sido una de las normas más polémicas de los últimos meses.

Calificada de proteccionista, contraria al “espíritu de la UE” y, lo que es más grave, de la libre competencia, varios países europeos –liderados por España y Portugal– comenzaron a exigir a la Comisión que actuará contra la aprobación de esas leyes y en defensa, insistimos, de la libre competencia.

El problema, lo ha confirmado una vez más Violeta Bulc, comisaria europea de Transportes, es que “la Comisión no puede actuar, en este caso suspender, la aplicación de una Ley establecida por un país en concreto”. Leer más