El Servicio Catalán de Tráfico ha publicado la resolución que prohíbe a partir del 19 de abril la circulación de camiones por la N-II en la provincia de Girona. Esta restricción afecta a vehículos de cuatro o más ejes entre Vidreres (PK 692,05) y La Jonquera (PK 773,5). La medida es de aplicación en ambos sentidos de la carretera, las 24 horas del día y durante los 365 días del año. El Servicio Catalán de Tráfico justifica la restricción por el aumento de tráfico y el elevado índice de siniestralidad que ha experimentado la N-II.

La prohibición obligará a los camiones a utilizar la autopista de peaje AP-7, en un tramo de 82 kilómetros cuyo coste aproximado en peajes es de 18 euros (según tarifas de la concesionaria Abertis). Concretamente, el itinerario de pago discurre entre la salida de Maçanet de la Selva y La Jonquera (sur). La resolución indica, sin embargo, que se aplicará una “reducción de tarificación” a los camiones que se vean obligados a utilizar la AP-7. A través de un acuerdo que debe suscribir el Ministerio de Fomento, el Servicio Catalán de Tráfico, el Departamento de Territori i Sostenibilitat y ACESA, se espera que los camiones que hagan el recorrido completo por la AP-7 tengan un descuento del 35% en el peaje, mientras que los camiones que circulen dentro de la demarcación se beneficiarán de un 50% de rebaja.

La norma no incluye a los camiones cuyo origen o destino de la mercancía, de acuerdo con la carta de porte o documento equivalente que debe llevarse a bordo, se encuentren en las comarcas de la provincia de Girona. No obstante, en el tramo de la travesía de Bàscara no existirá esta excepción. Los transportistas que infrinjan esta normativa se exponen a sanciones de 500 euros.

Según Fenadismer, esta resolución afectará a más de 3.000 transportistas que circulan diariamente por la N-II. La asociación planteó a la Generalitat de Cataluña su absoluto rechazo a la medida por “no tener precedentes ni en España ni en el resto de Europa”. Frente a esta situación, Fenadismer está estudiando la adopción de medidas jurídicas y sociales, por considerar que la prohibición es “una afrenta directa al colectivo de los transportistas españoles”.