150.000 transportistas españoles afectados por el cártel de camiones
Según las estimaciones de la CETM, son más de 150.000 los transportistas españoles que adquirieron vehículos y que pueden ya iniciar la demanda para que se les compense por el sobreprecio que pagaron a causa del pacto ilícito de los fabricantes.
Recordar que la Comisión Europea impuso a finales de julio de 2016 una multa de 2.930 millones de euros a los fabricantes de camiones DAF, Daimler-Mercedes, Iveco, Volvo-Renault, MAN y Scania (que no ha reconocido su participación en el cártel). Así, durante 14 años, entre 1997 y 2011, las empresas crearon un cártel en el que acordaron aumentos de precios de sus productos y establecieron pactos para retrasar la introducción de las tecnologías anticontaminación necesarias para cumplir con las normativas europeas. Determinaron, de forma ilícita, los tiempos para la introducción de estas tecnologías y acordaron repercutir dichos incrementos de gasto sobre los clientes.
El despacho CCS Abogados, liderado por el exministro de Justicia Francisco Caamaño, defenderá a los transportistas, asociados a CETM, afectados por el fraude del cártel europeo de camiones condenado por la Comisión Europea por pactar sobreprecios de venta durante catorce años.
El bufete, especializado en Derecho de la Competencia, ha sido el elegido por la Confederación que “ante la masiva reclamación de información y asesoramiento por parte de nuestros asociados”, dice haberse reunido con más de 18 despachos de abogados y otros cinco internacionales vinculados a fondos de inversión, “con el objetivo de proporcionar a nuestros socios una defensa jurídica de calidad y un precio adecuado”, afirmó Ovidio de la Roza, presidente de la CETM en rueda de prensa.
De la Roza quiso dejar muy claro, por otro lado, que el trabajo de la Confederación finaliza aquí: “hemos firmado un acuerdo creemos muy ventajoso para las necesidades de los asociados, pero la Confederación no puede ir más allá, no podemos acompañarles en la demanda, porque de hecho la Ley no nos permite demandar”.
Demanda individual
Lo cierto es que el trabajo que deberá asumir el Bufete, “es muy importante, no olvidemos que estamos hablando de que las reclamaciones españolas podrían alcanzar más de 2.500 millones de euros solo por el sobreprecio, sin sumar los intereses de demora derivados, que podrían elevar estas cantidades”, aseguró Francisco Caamaño, Catedrático de Derecho Constitucional y exministro de Justicia.
Y es que, a esta demanda puede adherirse también cualquier autónomo o sociedad que comprara un vehículo de transporte de mercancías de carga superior a 6 toneladas de cualquiera de estas marcas. De hecho, según datos de CETM, se ha estimado que el número de adquisiciones de vehículos afectados por dichas prácticas restrictivas de la competencia se sitúa en alrededor de 10 millones de camiones en toda la Unión Europea, de los que aproximadamente 360.000 corresponden a camiones adquiridos en España.
Ya “entrados en materia” en el proceso a seguir por los asociados que en contraten a CCS Abogados, es importante destacar “que no exigimos provisión de fondos, el transportista sólo deberá abonar una pequeña cuota que le dé derecho a disponer de nuestra información y asesoramiento. Sólo cobraremos si ganamos el pleito, es decir trabajaremos a riesgo”, puntualiza Francisco Caamaño.
Importante, destacó, “que comiencen cuanto antes los trámites. Al menos uno: el envío de una carta a las marcas a reclamar donde se les aviso que se inicia proceso de reclamación”.
Dado a un problema con la legislación española en materia de competencia –no se ha traspuesta la Directiva en esta materia–, hay duda sobre el plazo en el que se debe hacer la reclamación. Por eso, dado que los juicios se harán en casa, en España, y bajo el Derecho español, recomendamos enviar esta misiva antes del 18 de julio de 2017, “justo una año después de la notificación, fue la prensa quien dio la noticia, de la aceptación por parte de las marcas de la existencia del cartel”, apostilló Caamaño.
Y es que insiste, Francisco Caamaño, “la Comisión Europea ha sancionado a los fabricantes por comportamiento desleal pero ahora toca exigir que se repare el daño causado. En primer lugar, para que hechos como esos no vuelvan a ocurrir; y, en segundo lugar, porque ha de hacerse justicia a cada persona y cada empresa. Para los transportistas, el camión es algo más que una simple herramienta de trabajo, es un medio de vida”.
Por último se ha explicado una última cuestión, “que parece haber sido realizada para ayudar a los transportistas”, se refiere al hecho de que el pasado viernes se aprobó por Consejo de Ministros el Real Decreto-Ley 9/2017 del 27 de mayo. Un Real Decreto que facilitará las acciones de reclamación en el conflicto contra el cartel europeo de camiones. “En concreto, agiliza el acceso a las pruebas de daño, tan valiosas para los transportistas en fase de reclamación. Además, con esta modificación, los transportistas pueden pedir ahora a los fabricantes de camiones que les envíen la documentación que sirvió de soporte a la Comisión Europea para ejecutar la demanda contra los fabricantes”, explicó, en este caso, Miguel Caamaño, catedrático de Derecho Financiero y Tributario, y socio del bufete CCS Abogados.