A finales del pasado año el Ministerio de Trabajo y Economía Social que dirige la ministra y vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, se comprometió a que antes del verano su departamento tendría elaborado el nuevo listado de actividades laborales que se beneficiarán de las jubilaciones anticipadas a través de la aplicación de los llamados coeficientes reductores, un listado en el que como novedad estarían los conductores profesionales mayores de 60 años.

El problema es que una medida de este tipo necesita de muchos consensos y muchas conversaciones y debido a ello el Ministerio de Trabajo ha ido acumulando retrasos que para los sindicatos son inasumibles y que desde su punto de vista reflejan el desinterés de las patronales por jubilar anticipadamente a los chóferes, unido a la falta de decisión política por parte del Gobierno.

Por esta razón los sindicatos mayoritarios Comisiones Obreras (CCOO) y UGT han decidido calentar el otoño con una amenaza de huelga general en el sector del transporte por carretera, un paro que si no existe marcha atrás previsiblemente tendrá lugar durante la segunda quincena del próximo mes de octubre.

Desde los sindicatos convocantes se señala a las organizaciones patronales como las responsables de bloquear con su estrategia dilatoria una ampliación del listado de profesiones que pueden verse beneficiadas por la aplicación de coeficientes reductores en la edad de jubilación de los trabajadores, algo que desde la perspectiva sindical tiene un impacto negativo en la salud y seguridad de los conductores profesionales.

Por otro lado, sobre la mesa de negociación existe una propuesta alternativa que permitiría desconvocar la huelga general. La fórmula que proponen los representantes de los trabajadores es que inicialmente y de forma transitoria las jubilaciones anticipadas se apliquen en el transporte de forma parcial.

A más edad más riesgo de accidente

En la actualidad la edad media de los conductores profesionales españoles supera los 50 años y en opinión de la Federación de Carreteras y Logística de Comisiones Obreras, este hecho es una de las razones que explicarían el elevado índice de siniestralidad y mortalidad que presenta el transporte por carretera, un sector donde las estadísticas reflejan que a partir de los 55 años se dispara el riesgo de accidente.

Sobre la base de esta realidad el objetivo de CCOO y UGT es que el Gobierno finalmente decida aplicar los coeficientes reductores al colectivo de conductores profesionales, una medida que permitiría adelantar la edad de jubilación bajo la consideración de que el transporte por carretera es una actividad laboral peligrosa, penosa y que presenta un alto índice de mortalidad.

Para los representantes de la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC-UGT) las jubilaciones anticipadas no tienen porqué incidir negativamente en la escasez de conductores y el verdadero problema serían las precarias condiciones laborales y salariales que existen en el sector.

La tormenta perfecta

Por su parte, las patronales del transporte están muy preocupadas por el otoño que se avecina, principalmente por todo lo relacionado con la reducción de la jornada laboral que ha planteado como cuestión innegociable la ministra Yolanda Díaz, una medida cuya aplicación supondría una escalada de los costes operativos.

En sus últimas reuniones antes del verano los responsables de CETM y Astic, dos de las principales patronales españolas, ya mostraron una creciente preocupación ante la tormenta perfecta que se dibuja en el horizonte del transporte por carretera para los próximos meses, donde los expertos vislumbran la amenaza de tres “huracanes” que responden al nombre de reducción de jornada, jubilaciones anticipadas y aplicación de las 44 toneladas.

En este sentido las empresas del sector están preocupadas por la falta de conductores profesionales, unos 15.000 tan sólo en España, por los incrementos de costes operativos que seguramente va a provocar la aplicación de estas medidas y por la dificultad de trasladar los mismos a los precios del transporte.

Los sucesivos Observatorios del Transporte ya muestran un desequilibrio endémico y creciente entre costes y precios, una diferencia desfavorable para los transportistas y que de incrementarse pondría en riesgo la rentabilidad de empresas y autónomos en un momento en el que los planes medioambientales del Gobierno y de la Comisión Europea exigen apretar el acelerador de la transición energética.

Más inspecciones

Por otra parte y con el fin de garantizar los derechos de los trabajadores que ejercen su actividad en el transporte por carretera, el Ministerio de Trabajo pretende incrementar el número de inspecciones respondiendo con ello a una propuesta de Sumar que contaría con el visto bueno de la mayoría de partidos políticos con representación parlamentaria.

El objetivo de esta medida es conseguir que en el transporte por carretera se respeten las condiciones de empleo para hacer más atractivo el sector y con ello atraer conductores jóvenes. El punto de mira de los inspectores será perseguir aquellas conductas empresariales que basan su rentabilidad en la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores.