El proyecto del Ministerio de Fomento para limitar la transmisión de tarjetas de transporte sigue cosechando detractores. Las asociaciones de transportistas Egas, Uita, Uniatramc-Euskadi, Ata- Guadalajara, Upatrans-Bierzo y León y Upatrans Ávila han sido las últimas en criticar el requisito que establece que el comprador de una tarjeta de transporte disponga de al menos tres vehículos que no superen los cinco meses de antigüedad.

Según estas asociaciones, este requisito supondrá una pérdida sustancial de patrimonio de los transportistas autónomos y la eliminación de la figura del empresario autónomo a medio plazo, dado que “los nuevos autónomos se incorporan al sector a través de la adquisición de dichas empresas”.

Las asociaciones alertan de que la modificación conllevará la sustitución progresiva de los pequeños transportistas por otros de diferentes países de la Unión Europea. “Si el cabotaje ya constituye una competencia desleal y difícil de erradicar, cada vez más, para seguir contando con un transporte barato, se verán potenciadas dichas prácticas”, afirman en un comunicado.

Estos colectivos explican que la medida afectará más gravemente a aquellos autónomos que forman parte de cooperativas de transportistas, ya que “con la imposibilidad de la transmisión de la autorización se verá seriamente comprometido el futuro de la propia cooperativa y el valor de su patrimonio”.

Las asociaciones firmantes del comunicado entienden que el sistema actual de acceso a la profesión permite que los transportistas autónomos puedan contabilizar la tarjeta de transporte como un activo de sus empresas. “Este sistema ha dado y da salida a muchas situaciones laborales y personales que, de otra manera, resultarían dramáticas en el momento actual. Incentiva el abandono de los más veteranos y permite el acceso de las nuevas generaciones al sector”.

Respeto a la Constitución
Las asociaciones firmantes finalizan su comunicado poniendo en duda la constitucionalidad de las medidas, ya que: “se establece un trato discriminatorio sobre la posibilidad de la disposición patrimonial; nadie puede ser privado de sus bienes o derechos; y queda seriamente dañado el derecho a la herencia establecido en la Constitución ya que en ningún caso, en tanto en cuanto el titular de la explotación se encuentre en activo, aunque ya no quiera dedicarse a la profesión de transportista, sus hijos podrán continuar con el negocio familiar”.