Mientras las patronales del sector de toda Europa advierten de la falta de conductores, el pasado mes de abril la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados, a instancias del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), aprobaba sin ningún voto en contra una Proposición no de Ley que insta al Gobierno a establecer «coeficientes reductores» para los conductores profesionales que desempeñan su actividad laboral en el transporte por carretera.

Esta medida, que ya se encuentra en funcionamiento en otros sectores industriales (minería, pesca, policías, bomberos, ferroviarios, personal de vuelo, etc) considerados por la Seguridad Social como penosos, tóxicos, insalubres o de elevado índice de mortalidad para los trabajadores, serviría para adelantar la edad mínima de jubilación de los conductores profesionales, ya sean asalariados o autónomos, sin que ello se traduzca en una penalización para sus prestaciones.

Por otra parte, la iniciativa del Congreso de los Diputados se suma a la adoptada en diciembre de 2018 por el Pleno del Senado. En aquella ocasión el objetivo de los senadores era contribuir a proteger y dignificar las condiciones laborales y de vida del colectivo de conductores profesionales.

El «factor edad»

Actualmente, en nuestro país trabajan en el transporte por carretera un total de 390.000 conductores en el sector de mercancías y 70.000 en el de viajeros. En el ámbito del transporte de mercancías la edad media de los conductores profesionales supera los 50 años y todos los estudios realizados hacen hincapié en que el «factor edad» es determinante en la disminución de las capacidades motores, sensoriales y cognitivas necesarias para realizar una conducción segura.

En este sentido las estadísticas demuestran que para el colectivo de conductores con edades superiores a los 55 años la tasa de accidentes de trabajo es tres veces superior a la existente en otros sectores industriales con respecto al mismo rango de edad, lo que en opinión de los sindicatos es motivo suficiente para que el Gobierno acepte la aplicación de los «coeficientes reductores» a la hora de anticipar la edad de jubilación de los conductores profesionales.

La OIT y la UE de acuerdo

Por otro lado, la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene reconocido el transporte por carretera como una de las actividades laborales con un mayor nivel de riesgo para la salud y la seguridad de los trabajadores, una situación que a la vista de los últimos datos muestra un empeoramiento en los índices de siniestralidad y mortalidad.

Para la OIT esta tendencia negativa estaría producida por un incremento sostenido de la edad medida de los trabajadores del sector y por un escenario laboral y económico donde las crecientes exigencias de los cargadores, junto a unos ratios de rentabilidad muy ajustados, se traducen en una excesiva competitividad entre los operadores de transporte, circunstancias que estarían generando altos niveles de presión hacia el colectivo de conductores. 

Por otra parte, desde la propia Unión Europea se ha recomendado que los distintos gobiernos europeos trabajen en la aplicación de los «coeficientes reductores» en el ámbito laboral del transporte por carretera.

El Gobierno de acuerdo

En estos momentos el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en colaboración con sindicatos y organizaciones empresariales, ya se encuentra trabajando en un borrador de normativa que permitiría anticipar la jubilación de los conductores profesionales cobrando el 100% de sus prestaciones.

A falta de más detalles, se ha podido conocer que el departamento que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz baraja coeficiente situados entre el 0,05 y el 0,5, que mulplicados por los años de trabajo efectivo darían como resultado el número de años que los conductores profesionales podrían ver adelantada teóricamente su edad de jubilación, que no podría producirse antes de los 52 años.

Finalmente, hay que tener en cuenta que para hacer frente a las mayores prestaciones derivadas de la aplicación de estos «coeficientes reductores», sería necesario incrementar las actuales cotizaciones de trabajadores y empresas a la Seguridad Social, una circunstancia que tendría un impacto directo en las actuales tablas de costes y en los índices de rentabilidad.