La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha advertido que los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE 2025) van a contemplar, siempre que sean aprobados, una subida de impuestos con el objetivo de hacer frente a los daños producidos por la DANA en la Comunidad Valenciana y con la doble vertiente de contribuir a una reducción del déficit fiscal.

En este sentido el Gobierno tiene previsto reformar los gravámenes a la banca y a las compañías energéticas, una exigencia de PNV y Junts para votar a favor de los PGE y, por otro lado, el Gobierno también plantea una subida de los impuestos que gravan el gasóleo de automoción, lo que supondrá que el PVP del litro de diésel se incremente en 10 céntimos.

Lo que no se dice es que de la aplicación de esta impopular iniciativa depende que la Unión Europea desbloqueé 7.200 millones de los fondos Next Generation. Si queremos que el dinero europeo llegue a nuestro país no tenemos otra salida que igualar los impuestos de la gasolina y del gasóleo como nos exigen desde la UE.

Por esta razón la iniciativa del Gobierno, que incrementará la recaudación en 2.900 millones de euros, tiene como objetivo contribuir a reducir el uso del diésel y facilitar el cumplimiento de la hoja de ruta que en materia de reducción de emisiones ha marcado la Comisión Europea.

Por su parte, desde el Comité Nacional del Transporte (CNTC) se exige que el Gobierno apoye nuevas medidas de ayuda que permitan que los transportistas puedan afrontar la transición energética hacia la electromovilidad y las energías alternativas.

El Gasóleo Profesional se salva

En un principio la iniciativa del Gobierno de subir los impuestos del gasoil con el fin de igualarlos a los de la gasolina, no afectaría en gran manera a las empresas de transporte adscritas a los beneficios fiscales establecidos en la normativa que regula el Gasóleo Profesional, pero sí que afectará al resto de transportistas, aproximadamente 130.000, que verían incrementar sus costes de explotación desde el próximo 1 de enero.

El problema radica en que hay muchas empresas de transporte pesado que por diversas razones han decidido no acogerse a las devoluciones de impuestos a través del Gasóleo Profesional y, por otro, hay que tener en cuenta que a estos beneficios fiscales sólo pueden acogerse los transportistas que realicen su actividad porteadora con camiones que superen las 7,5 toneladas de MMA.

En la actualidad los impuestos que gravan el gasóleo suponen un total de 0,379 euros/litro (0,307 euros/litro en concepto de Impuesto General y 0,072 euros/litro en concepto de Impuestos Especiales), una cifra que el Gobierno quiere colocar en 0,47269 euros/litro, lo que supondrá incrementar los impuestos generales en unos diez céntimos hasta los 0,40069 euros/litro, manteniendo sin cambios la cuantía de los impuestos especiales.

Para “proteger” a las empresas de transporte por carretera el Gobierno establecerá una exención especial cuando el precio del diésel supere los dos euros/litro durante al menos dos meses consecutivos, momento en el que se prevé reducir los impuestos a 0,422 euros/litro.

Cómo es el Gasóleo Profesional

El Gasóleo Profesional funciona en España desde enero de 2019 y supone que la Agencia Tributaria devuelve a las empresas registradas un total de 0,049 euros/litro, lo que supone 49 euros por cada 1.000 litros.

Para beneficiarse del Gasóleo Profesional las empresas de transporte deben operar con vehículos de más de 7.500 kg y estar inscritas en el correspondiente Censo de Beneficiarios. Además, a la hora de realizar los repostajes deben cumplir obligatoriamente con una serie de requisitos y pagar con la Tarjeta de Gasóleo Profesional previamente autorizada por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la  Agencia Tributaria.

Además, las empresas de transporte beneficiarias del Gasóleo Profesional están obligadas a informar de los suministros y de los kilómetros realizados con sus vehículos. El consumo máximo que da derecho a devolución fiscal es de 50.000 litros/año, lo que por vehículo supone unos 2.450 euros anuales.