El futuro de los transportistas españoles de mercancías por carretera no depende tan sólo de las decisiones que se adopten en Madrid en el seno del Congreso de los Diputados y el Senado, ni tampoco de los reales decretos firmados por el Gobierno.

El traspaso de competencias en materia de tráfico y transportes hace que las comunidades autónomas también dispongan de capacidad legislativa para poner en marcha sus propias medidas, unas decisiones de ámbito territorial que acaban afectando a la totalidad de los transportistas.

El Parlament de Catalunya quiere la euroviñeta

En este sentido el pasado mes de julio el Parlament de Catalunya votaba mayoritariamente, con el voto en contra de PP y Vox y la abstención de Alianza Catalana, a favor de una propuesta presentada por los Comuns.

Apoyada por PSC, ERC, Junts, Comuns y la CUP, esta moción abre las puertas a una futura implantación de la euroviñeta (pago por uso de infraestructuras viarias) en las vías catalanas de alta capacidad, ya sean de titularidad autonómica o estatal.

Con esta votación favorable el Parlament de Catalunya queda capacitado para proponer al Govern la creación de una mesa de negociación para la futura aplicación de la euroviñeta en Cataluña.

La AP-7 como justificación

Desde su liberalización en 2021 los tramos catalanes de la AP-7 soportan una creciente densidad de tráfico pesado (hasta un 45%), tanto que en una intervención pública el propio presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha llegado a preguntar si la retirada de los peajes no fue un error, mientras que por su parte el Secretario de Movilidad e Infraestructuras, Manel Nadal, ha defendido la existencia de un sistema estable de financiación para las carreteras catalanas.

La propuesta de los Comuns contempla que la aplicación de la euroviñeta en Cataluña, primero a camiones y posteriormente también a turismos, aportará beneficios sociales, medioambientales y económicos, puesto que servirá para garantizar el mantenimiento de la red viaria, incrementar la seguridad vial, fomentar el transporte público y las alternativas ferroviarias, regular el tránsito de vehículos pesados de largo recorrido y además incorporará mecanismos de compensación ambiental y territorial para los municipios afectados.

Los camiones culpables

Por otro lado, el Parlament de Catalunya también ha aprobado una enmienda de Esquerra Republicana (ERC) que exige que el Govern presente al gobierno español una propuesta para la implantación de la euroviñeta en Cataluña, dado que empezando por la AP-7 y la AP-2 hay carreteras en territorio catalán que siguen dependiendo del Estado.

Esta propuesta apoya la tesis de que los vehículos de transporte pesado de mercancías deben realizar una contribución económica proporcional a los gastos que ocasionan, teniendo en cuenta factores como el tonelaje, el kilometraje recorrido, los niveles de emisiones y el impacto medioambiental.

La propuesta de ERC contempla que los ingresos se destinen de forma exclusiva al mantenimiento de las infraestructuras viarias, la reducción de los accidentes de tráfico, la promoción del transporte ferroviario de mercancías y la construcción de terminales intermodales y accesos ferroviarios a los puertos.

Por otra parte, la moción aprobada por el Parlament también contempla el estudio, por motivos de seguridad vial, de la restricción o prohibición de los adelantamientos de camiones en la AP-7 en todos aquellos tramos y horarios con mayor congestión de tráfico.

También se solicita que el Servicio Catalán de Tráfico y los Mossos d´Esquadra refuercen los controles a camiones pesados en la AP-7, con especial atención al cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso y los excesos de velocidad.

El transporte se rebela

Todas las organizaciones de transportistas, comenzando por el propio Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), se han posicionado en contra de la aplicación de la euroviñeta en Cataluña y en España, calificando de injusticia el hecho de señalar a los camiones como principales responsables del deterioro medioambiental, la congestión vial y los niveles de accidentalidad.

Para organizaciones mayoritarias como Astic, CETM y Fenadismer, la aplicación de la euroviñeta, algo que no exigen las autoridades europeas, significaría una doble imposición fiscal, que se sumaría a los muchos impuestos (IVA, impuestos especiales, etc) que ya pagan los transportistas por el consumo de hidrocarburos.

Además, la euroviñeta produciría un encarecimiento de costes difícil de trasladar a los clientes en su totalidad, que pondría más en riesgo la viabilidad de miles de empresas y autónomos.

El experimento catalán de 2014

En enero de 2014 la Generalitat aprobó la Ley 2/2014, que regulaba desde el 2 de septiembre la implantación de la euroviñeta en carreteras de titularidad autonómica. El llamado “experimento catalán” debería haber comenzado en los 152 kilómetros de la C-25 (Eje Transversal) entre las poblaciones de Cervera (Lleida) y Caldas de Maravilla (Girona), un tramo que como alternativa a los peajes de la AP-7 y la AP-2 era utilizado a diario por unos 3.000 camiones pesados.

Antes de su entrada en vigor esta medida acabó en suspenso a mediados de 2014 por su incompatibilidad con las directivas comunitarias de referencia y por las múltiples denuncias de las organizaciones de transportistas, tanto nacionales como catalanas. En aquel momento los camiones afectados por la euroviñeta eran todos aquellos con una MMA superior a 12 toneladas.