El reto de la transición energética: Un informe de Transcalit analiza las necesidades de las empresas de transporte de Barcelona

Como parte de la hoja de ruta medioambiental promovida por la Unión Europea para el horizonte de 2050, el Parlamento Europeo acaba de aprobar que en 2040 la reducción de gases de efecto invernadero alcance en Europa un porcentaje del 90% con respecto a los niveles de emisiones existentes en 1990, año en el que entró en vigor Euro 1.
En este escenario de movilidad sostenible un reciente informe de la Federación Catalana de Transportes de Barcelona (TRANSCALIT), organización que forma parte de Conetrans y de la CETM, analiza los principales retos y necesidades que tienen las empresas de transporte en el actual contexto de transición energética.
Autónomos y pymes en apuros
Realizado sobre la base de 400 empresas de transporte de todos los sectores y formatos con una flota de aproximadamente 3.400 vehículos, el «Estudio de flotas y ambientalización de estas en las empresas de transporte de mercancías de la provincia de Barcelona» realizado por Transcalit-Sertralit y que ha contado con el apoyo de la Generalitat, tiene entre otros objetivos comprobar si las empresas de transporte están en condiciones de responder a las exigentes políticas medioambientales europeas. Y la respuesta mayoritaria es NO.
El 60% de las empresas analizadas por Transcalit-Sertralit se corresponden con autónomos y pymes entre uno y cinco vehículos. Se trata de operadores de pequeña dimensión que en su gran mayoría tienen muchas dificultades para poder renovar sus flotas, lo que explica que la media de edad de los vehículos alcance en este estudio los 7,65 años.
Una bomba de relojería
Pero esta edad media no es el único problema ambiental que recoge el citado informe. En las empresas pequeñas la antigüedad del parque supera los 10 años, siendo de 9,15 años en las de mediana dimensión (de 16 a 50 vehículos) y de 6,41 años en las grandes flotas (más de 50 vehículos).
El resultado es que autónomos y pymes no están en condiciones de renovar, las empresas medianas a duras penas lo consiguen y tan sólo los grandes operadores disponen de medios financieros para responder a las crecientes exigencias de una movilidad sostenible. Una auténtica bomba de relojería de cara a poder cumplir con los planes de la Unión Europea.
De acuerdo con el informe de Transcalit-Sertralit los problemas derivados de la falta de capacidad de inversión ya se dejan notar. Del total de vehículos analizados en el estudio un 84% incorporan mecánicas diésel, un 8% están propulsados por gas natural y otro 8% son eléctricos.
De los vehículos diésel el 76% tiene rango Euro 6 (matriculados después de 2014) y etiqueta ambiental C, aunque en el lado más negativo hay que hablar de un 16% de flota Euro 5 y Euro 4 con etiqueta B y de un 8% de vehículos que operan sin calificación DGT, lo que les impide trabajar en áreas con restricciones ambientales.
De acuerdo con los resultados del estudio en la provincia de Barcelona el ritmo de renovación de vehículos es de aproximadamente un 5% anual, cuando el porcentaje óptimo para alcanzar los estándares europeos debería aproximarse al 10%.
¿Se puede evitar la catástrofe?
A nivel internacional las organizaciones de empresarios de transporte advierten que el caso español no es el único en Europa y que la Comisión Europea debería levantar el pie del acelerador en materia medioambiental, para evitar que un importante porcentaje de operadores de transporte no pueda seguir el ritmo, salvo que los Estados y la propia UE se impliquen con planes de ayudas generosos a nivel económico y de tiempo.
En este sentido la alternativa que defienden muchas empresas analizadas por Transcalit-Sertralit es la del llamado «mix energético», que contemplaría la posibilidad de una convivencia pacífica entre las diversas energías existentes en el mercado.
Esta estrategia permitiría que los operadores de transporte «menos pudientes» pudieran seguir utilizando vehículos diésel, ya sean de última generación propulsados por biocarburantes más sostenibles, tipo HVO, o que vieran mejorados sus rendimientos ambientales mediante el «retrofit».
Es evidente que sin ayudas públicas el objetivo de movilidad sostenible previsto para 2050 es una quimera para muchas empresas de transporte, que no pueden abordar la transición energética y que cuentan con la dificultad añadida de cómo repercutir en sus clientes los sobrecostes generados por la descarbonización.
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