El transporte por carretera paga un 4% más que otros modos
El transporte por carretera aporta al Estado en impuestos cuatro veces más (un 4,2%) que el resto de modos de transporte. Esta es la principal conclusión de la segunda edición del estudio ‘Balance económico: fiscal, social y medio ambiental del sector transporte de mercancías en España’, presentado por la Fundación Francisco Corell. El informe, elaborado por la Universidad Politécnica de Madrid, establece de forma “clara y contundente” el gran desequilibrio entre lo que aporta el transporte de mercancías por carretera y el resto de los modos.
Esta conclusión avala una de las quejas habituales del sector que asegura que el transporte por carretera es el modo que más impuestos paga y que la cuantía final implica que “internaliza sobradamente” los posibles costes que puede generar al país en concepto de mantenimiento de las infraestructuras y contaminación medioambiental.
En crisis, más impuestos
El dato puede calificarse de abultado, pero no de sorprendente para el sector, que lleva años poniendo sobre la mesa los excesivos tributos que abonan, más si se tiene en cuenta que el resto de modos sigue disfrutando de subvenciones con las que no cuenta el transporte por carretera. Lo que sí sorprende al sector es que la cantidad de dinero que ha abonado se ha incrementado en los años de crisis, concretamente un 11,4% entre los años 2005 y 2012, hasta alcanzar los 22.600 millones de euros al año, incluyendo impuestos, tasas y peajes. No olvidemos que durante estos años de crisis han desaparecido más de 25.000 empresas de transporte por carretera.
La situación se puede calificar aún de más grave para el conjunto del sector si tenemos en cuenta que esa aportación es muy superior a la que soportan otros modos de transporte. Como ejemplo, el sector marítimo aporta unos 2.300 millones de euros. Claro que la situación es aún peor y si se compara con el transporte ferroviario, que no sólo no abona mucha menor cantidad en concepto de impuestos, además está subvencionado. Sólo en el año 2012 recibió 231 millones de euros del Estado.
¿Por qué el sector paga tanto?
El transporte por carretera tiene dos tipos impuestos: específicos y generales al resto de empresas, independientemente de la actividad a la que se dediquen. Será en el apartado de impuestos de específicos donde las empresas de transporte de mercancías por carretera se ven más perjudicadas. También en los tributos específicos se produce la mayor carga impositiva y, por tanto, la mayor discriminación con el resto de modos, exentos de pagarlos. Entre esta fiscalidad específica, será el de hidrocarburos el más gravoso y el más perjudicial.
Según los datos del informe, el 49,45 % del precio final de la gasolina y el 44,12 %, del gasóleo corresponde a impuestos que gravan el carburante (IEH e IVMDH). A ellos habrá que sumar los de circulación y de matriculación, las tasas (ITV, revisión del tacógrafo y autorizaciones) y los peajes. Para demostrar de qué forma la carretera es discriminada frente a otros modos de transporte, la Fundación Corell realiza una extrapolación en la cual el transporte marítimo y al aéreo también abonarían el impuesto específico sobre el carburante del que están exentos. Si esa fuera la realidad, el Estado recaudaría 768,4 millones y 3.069,9 millones de euros, respectivamente.
Resulta también interesante comparar el dato resultante de la aportación de los diferentes modos en relación a la inversión realizada en las infraestructuras que utilizan. Así, en el caso de la carretera este ratio nos indica que en el año 2012 la aportación vía fiscalidad es 4,26 veces mayor que la inversión realizada en este modo de transportes. Lo más grave de esta cuestión, como hemos mencionado, es que este ratio crece de forma importante desde el año 2005, lo que aumenta la situación de agravio comparativo entre unos modos y otros.
El informe cuantifica el coste externo que debe atribuirse a la carretera y lo cifra en 30 euros el coste por tonelada de CO2 emitida. Dicho de otro modo, «la aportación específica de la carretera internaliza holgadamente los costes externos de CO2 y de mantenimiento, que no llegan a los 3.000 millones de euros al año. O sea cerca de ocho veces menos que su aportación fiscal”.