Fenadismer,  conjuntamente con sus asociaciones territoriales catalanas AGTC y ASTAC, ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra la resolución de la Generalitat aprobada el pasado mes de abril por la que se establecen restricciones a la circulación de los camiones en casi 90 kilómetros de la Nacional II que discurren por la provincia de Gerona hasta la frontera con Francia.

La acción judicial intenta solventar una situación que, recuerda Fenadismer, afecta a los más de 3.000 transportistas que diariamente circulaban por dicha vía y a los que se les ha prohibido su utilización durante los 365 días del año y las 24 horas. La Generalitat, sin embargo, se desmarcó de las críticas de los transportistas afirmando que el uso alternativo de la autopista de peaje AP-7 supone un ahorro por viaje de 1,85 euros.

La medida de la Administración implica, asimismo, que los camiones utilicen la autopista de peaje AP-7, cuya concesionaria Abertis recibirá además una subvención anual de tres millones de euros por parte del Ministerio de Fomento y de la Generalitat de Cataluña, “dinero con el que compensa a la compañía por la bonificación que deben aplicar a los transportistas que se ven obligados a circular por dicha autopista, según se establece en el Real Decreto 367/2013, publicado en el BOE de este martes 28 de mayo”, puntualizan desde Fenadismer.

Fenadismer ha planteado el recurso a la ilegalidad de la resolución al considerar que vulnera tanto la ley sobre Tráfico y Seguridad Vial y su normativa de desarrollo, así como la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea sobre la materia, y además al derecho fundamental a la libre circulación de mercancías en el ámbito de la Unión Europea.