La Euroviñeta elevaría el coste del transporte cerca de un 10%
La Directiva de la Euroviñeta veía la luz en el 2011, convirtiéndose en estos últimos años en un elemento más de desarmonización dentro de la UE, ya que su implantación de carácter voluntario ha servido para que unos países hayan decidido su implantación y otros no.
En España, los transportistas mantienen “cierta tranquilidad” sobre su implantación, al menos hasta el final de la legislatura. El ministerio de Fomento mantiene el compromiso de no implantarla, al considerar que en este momento el sector no podría asumir el pago de un nuevo impuesto que supondría un incremento de los costes de transporte de cerca de un 10%.
Menos tranquilos están los transportistas por las decisiones que se adopten en otros países –fundamentalmente los del centro de Europa–, receptores de muchos transportistas extranjeros y muy dispuestos, por tanto, a cobrar un impuesto por el uso de sus infraestructuras. No olvidemos que la Directiva Comunitaria de la Euroviñeta implica establecer el conocido concepto de “quien contamina paga”. Por desgracia, para la UE ese no es otro que el transporte profesional de mercancías por carretera.
Dicho de otro modo, la Euroviñeta implica internalización por parte del usuario de los costes sociales producidos por el transporte por carretera; Incentivar el uso de vehículos y modos de transporte más eficientes desde el punto de vista medioambiental y, por último, garantizar una fuente estable de recursos para la financiación de las infraestructuras del transporte.
¿Podría asumir el sector español un impuesto más?
Los transportistas se preguntan si la Euroviñeta es justa para un sector que ya deja en las arcas estatales más de 23.000 millones de euros anuales, vía los diferentes impuestos que paga.
A tenor de lo acontecido el pasado 16 de junio en la jornada técnica organizada por la Fundación Francisco Corell, todo indica que el sector no podría asumirlo. Bajo el título genérico «Criterios para la justa aplicación de la tarificación de las carreteras españolas«, representantes de las principales asociaciones, así como de partidos políticos, debatieron sobre las consecuencias de la aplicación de tasa. Durante la celebración del acto se procedió asimismo, a la presentación del libro “Análisis para una justa aplicación de la tarificación de las carreteras españolas«, elaborado por la Cátedra Amelio Ochoa –Universidad Politécnica de Madrid-, y financiado por la propia Fundación.
«No» rotundo del sector
Durante la exposición de los participantes en el debate se evidenció la diferencia de opiniones, fundamentalmente entre los representantes del transporte y del sector de la construcción. Pero si el debate fue de gran interés, no lo fue menos la presentación inicial que sobre el estudio realizó José Manuel Vasallo, máximo responsable del estudio.
El informe concluye que el transporte por carretera español ya paga su Euroviñeta a través de la fiscalidad específica. «El sector ya abona, y con creces, el coste de difícil valoración que implica el daño que produce a las carreteras, así como el derivado de la contaminación». Además el estudio asegura que «en aquellos países que ya existe la Euroviñeta se percibe como una doble imposición, algo que el sector difícilmente soportaría”.
El informe también resalta que si se implanta la Euroviñeta en España, deberá acompañarse de una serie de medidas que compensen en parte el nuevo coste, “como la tarificación a otros modos, descuentos por el uso de vías –sólo para el sector–, ayudas para la renovación del parque, entre otras. Además, de otro forma perderá competitividad, el transportista debe encontrar la forma de trasladar la nueva tasa al cargador”, apuntó Vasallo.
Conclusiones del debate
Juan Lazcano, presidente de la Asociación Española de la Carretera, aseguró que es necesario invertir en el mantenimiento de las carreteras “o perderemos las infraestructuras excelentes que tenemos”. Lazcano abogó por la implantación de la Euroviñeta porque según su opinión sería la única forma de “conseguir los fondos necesarios para preservar, y construir si fuera necesario, las carreteras nacionales”.
En parecidos términos se expresó Bruno de la Fuente, director de Concesiones de Seopan. El representante de la patronal de constructores aseguró que el sector del transporte paga mucho dinero en concepto de impuesto de hidrocarburos pero “deberían abonar más. Eso sí, también creo que se les deberá compensar de alguna forma”, apostilló.
El punto de controversia lo inició Julio Villaescusa, presidente de Fenadismer, para quien el transporte paga más que suficiente, “viendo como su dinero se invierte en financiar otros modos de transporte que prácticamente no aportan nada al Estado”. Villaescusa aseguró también que es «imposible» que los transportistas puedan pagar más: “más cuando tenemos grandes dificultades para traspasar ese coste al cargador». Por último, el presidente de Fenadismer indicó que «no se trata de una cuestión de proteger el medio ambiente, creo que los constructores tienen dificultades y este dinero lo quieren para seguir construyendo”.
Ramón Valdivia, director general de Astic, inició su intervención asegurando que la Euroviñeta “es una medida injusta, lo es desde su planteamiento, ya que está basada en penalizar aún más la carretera, que abonará un nuevo impuesto que, con casi toda seguridad, irá a pagar otros gastos y no a la carretera”.
Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, tras posicionarse contrario a la implantación de la tasa, se mostró muy duro con los representantes de la construcción. Arnaldo incidió en que es necesario diferenciar claramente entre el privado y el profesional: “en este último caso estamos hablando de un componente de coste y que puede afectar a la competitividad de las empresas y eso merece un tratamiento específico”.
Sector político
La segunda mesa de debate estaba formada por representantes de algunos de los partidos políticos más importantes. Juan Rubio Ruiz, de Ciudadanos, mostró su oposición: “lo considero injusto y peligroso”, a implantar un impuesto por el uso de un bien público, “es evidente que son medidas impopulares y que deben implantarse como último recurso. Eso sí, de hacerse, el dinero debe ir a las carreteras y a ser posible al mantenimiento de las existentes no a construir más”.
Muy cauto se mostró también el socialista Ramón Ruiz, quien aludió a la impopularidad de estas medidas. «La sociedad española está poco concienciada para pagar por el uso de un bien que es público y que se ha construido con sus impuestos”.
La exposición de Andrés Ayala, del Partido Popular, defendió la postura oficial de Fomento, que mantiene su compromiso de no implantar la Euroviñeta al menos durante esta legislatura. Ayala afirmó además que el transporte español ya paga la Euroviñeta, bien a través de impuestos directos o indirectos.
El punto en contra lo expuso Pere Macías, de CiU, quien sí se muestra favorable al pago por el uso: “hay que seguir debatiendo, tanto en el plano profesional como privado, pero al final esto llegará porque no queda otro remedio. No entiendo quien asume que si se paga más, es porque el sector va mal. No es así, en Cataluña tenemos la tasa por ocupación turística, muy criticada, pues no ha pasado nada, al contrario el turismo ha subido desde su implantación”.
La jornada culminó con la intervención del presidente de Astic, Marcos Bastante, quien incidió en que el transporte no puede asumir más costes: “la Euroviñeta significará abonar unos 12 céntimos más por kilómetro recorrido, siempre y cuando sólo pague el transporte profesional. ¿Se puede hacer? La respuesta es “no”, volveríamos a la recesión y muchas empresas tendrían que cerrar”, apostilló.