La jubilación anticipada de los conductores profesionales podría retrasarse hasta 2026

Recientemente la ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunciaba la próxima publicación de la nueva norma que regulará los coeficientes reductores para aquellas actividades laborales consideradas de especial penosidad y peligrosidad, una medida que en el caso concreto del transporte por carretera hará posible la tan deseada jubilación anticipada de los conductores profesionales.
Por otro lado, la ministra Elma Saiz también ha puntualizado que está previsto que la aplicación de los coeficientes reductores tan solo afecte a profesiones concretas y no al total de los sectores implicados, una reivindicación que durante el pasado mes de enero hizo posible el acuerdo entre sindicatos y patronales del transporte para la solicitud conjunta de los coeficientes reductores, un compromiso del que finalmente acabaría desvinculándose UGT.
Hay que recordar que los acuerdos suscritos por CCOO, UGT, CETM y Fenadismer en relación con los coeficientes reductores, sirvieron para que los sindicatos desactivaran el paro convocado en el sector del transporte de mercancías por carretera en octubre de 2024.
Imposible antes de 2026
Una vez aprobada en Consejo de Ministros la nueva normativa que regulará la aplicación de los coeficientes reductores, el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones tendrá un plazo de cuatro meses para formar las comisiones encargadas de evaluar los diferentes expedientes de solicitud y otros seis meses más para que dichas comisiones estudien a fondo las solicitudes presentadas y tomen una decisión al respecto.
Teniendo en cuenta estos plazos todo parece apuntar que la aplicación de los coeficientes reductores, al menos en lo que respecta al transporte por carretera, probablemente no entrarían en vigor antes de 2026.
La estrategia de los sindicatos
Tras desvincularse de los acuerdos con CCOO y las patronales CETM y Fenadismer, la estrategia de UGT ha sido esperar a la aprobación y publicación del nuevo reglamento que reformará la solicitud y posible aplicación de los coeficientes reductores para los conductores profesionales.
El riesgo que conlleva esta estrategia es que las patronales, e incluso también Comisiones Obreras, puedan decidir adoptar una posición de bloqueo que dejaría en el aire las jubilaciones anticipadas en el sector del transporte por carretera.
Por su parte, durante este tiempo CCOO ha intentado sin éxito presentar la solicitud de coeficientes reductores con el único apoyo de la patronal, aunque CETM y Fenadismer han preferido adoptar una posición de prudencia a la espera de conocer el texto de la nueva normativa. El último anuncio de CCOO ha sido amenazar con la convocatoria de un próximo paro sectorial si el tema de los coeficientes reductores no sale adelante.
En este sentido hay que subrayar, que existe sentencia del Tribunal Supremo que permitiría que los sindicatos puedan realizar la solicitud de dichos coeficientes reductores sin necesidad de que previamente exista un acuerdo con la patronal.
Por otra parte, desde el sindicato CGT se ha denunciado que la Seguridad Social estaría dilatando la posibilidad de que los sindicatos puedan realizar la solicitud de los coeficientes reductores previstos en el Real Decreto 1698/2011, aunque en su caso se obvia que esta norma también contempla que la decisión última de su aplicación le corresponde al Gobierno.
Qué son los coeficientes reductores
Los coeficientes reductores en la edad de jubilación se aplican en aquellas actividades laborales consideradas de especial penosidad, toxicidad o peligrosidad y permiten que los trabajadores que las realizan puedan jubilarse de forma anticipada sin reducción en la cuantía de sus pensiones.
Por ejemplo, si finalmente el Gobierno reconociera un coeficiente reductor del 0,10 para los conductores profesionales, su aplicación permitiría que un trabajador con 30 años de actividad laboral viera reducida (30 x 0,10) en 3 años su edad de jubilación sin pérdida de derechos.
Al mismo tiempo, la aplicación de esta medida exige que las cuotas que mensualmente pagan las empresas a la Seguridad Social se vean incrementadas durante toda la vida activa de los trabajadores.