El Gobierno lleva tiempo “regateando” a la Comisión Europea con la subida de los impuestos al gasóleo, aunque el resultado de la estrategia española puede suponer que nuestro país pierda 475,3 millones de euros de los fondos Next Generation.

La última comunicación que nos ha llegado desde Bruselas es un ultimatum que finaliza el próximo 31 de agosto. Si en dicha fecha España no ha cumplido con la equiparación del Impuesto Especial de Hidrocarburos para gasolinas y diésel, los fondos Next Generation se pueden dar por perdidos.

¿Cuál es la situación?

Como parte del Plan de Recuperación y Resiliencia, que recordemos tenía una cuantía superior a los 9.106 millones de euros de fondos europeos, en marzo de 2023 España se comprometió con la Comisión Europea a una serie de reformas fiscales, entre las que se incluía (Hito 388) la unificación fiscal de gasolinas y diésel. Tan sólo esta medida serviría para elevar los ingresos públicos en una cantidad cercana al 0,3% del PIB.

Este compromiso significaba -y significa- que el gravamen especial del gasoil, que ahora es inferior al de la gasolina, debería incrementarse desde los actuales 0,347 euros/litro a los 0,400 euros/litro, un incremento que a su vez se vería gravado con el 21% de IVA.

El pulso Bruselas-España entró en punto de no retorno a finales de julio de 2025, cuando las autoridades europeas decidieron suspender el pago de 500,3 millones de euros de ayudas, de los cuales 475,3 millones estarían ahora en situación de riesgo.

“Obedecer la propuesta fiscal de la Comisión Europea supondría subir el precio del gasoil entre 0,11 y 0,12 euros/litro”

Más costes para los transportistas

El incremento de los impuestos especiales supondría un encarecimiento del gasoil de aproximadamente 0,11-0,12 euros/litro, aunque hábilmente el Gobierno español ha convencido a Bruselas de mantener intactas las devoluciones para los beneficiarios del gasóleo profesional.

El problema es que en dicho gasóleo tan sólo pueden inscribirse los transportistas que ejerzan su actividad con vehículos por encima de 7,5 toneladas de MMA, lo que significa que el transporte ligero (aproximadamente 130.000 empresarios la mayoría de ellos autónomos), o aquellos transportistas de pesado que por la razón que sea no estén en el gasóleo profesional, sufrirán de lleno en sus cuentas de resultados el incremento de los costes del carburante.

¿Puede subir el Gobierno los impuestos sobre el gasoil?

Una medida de este tipo necesita previamente el suficiente respaldo parlamentario del Congreso de los Diputados, que en 2019, 2020 y, por último, en noviembre de 2024, ya votó en contra de esta propuesta.

Con el apremio de la fecha límite del 31 de agosto, desde el Comité Nacional del Transporte (CNTC) se teme que de nuevo el Gobierno quiera sacar adelante esta medida en sede parlamentaria, aunque lo cierto es que apenas queda tiempo para proceder a su tramitación y, además, existen pocas posibilidades de que el resultado de la votación pudiera ser favorable.

En este escenario si la Comisión Europea no otorga a nuestro país un nuevo plazo para cumplir con sus exigencias, los 475,3 millones de euros de los fondos Next Generation se perderán definitivamente, aunque ello no alejará las presiones desde Bruselas para un cambio de fiscalidad para el gasóleo.