El tema estrella de la nueva LOTT es la acción directa. Así se demostró en la jornada técnica organizada por la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) el pasado 16 de julio. Como indicó Alberto Emparanza, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad del País Vasco y experto en el sector Transporte, la nueva Ley plantea dudas de calado, pues no queda suficiente claro “si será posible aplicar esta figura legal cuando la empresa morosa esté en situación concursal o cuando el cargador no sea una empresa nacional, algo que se da con mucha facilidad en el transporte internacional”.

Emparanza apuntó otras dudas desde el aspecto legal como “si las Juntas Arbitrales son competentes para fijar una sentencia bajo el paraguas de la acción directa. Yo considero que sí, pero la Ley puede dar lugar a equívocos”. Respecto a las similitudes del modelo francés con el elegido por Fomento para implantar la acción directa, Emparanza aseguró que “en España hay aspectos que van más lejos de la ley francesa y en otras se queda corto”.

Alberto Emparanza

En lo que no tuvo dudas Alberto Emparanza es en el hecho de que la acción directa es un buen instrumento para que el transportista español se defienda ante un impago. “Considero que será muy útil en el momento actual de indefensión que vive el sector, ya que es evidente que los plazos de pago de la Ley del Contrato del Transporte Terrestre han sido insuficientes para reducir la morosidad. Tampoco ha sido efectivo  el derecho de retención de las mercancías al que tiene derecho el trasportista en caso de impago”.

Jesús Sánchez, secretario general de ATRADICE y asesor jurídico de la CETM, aseguró que la acción directa “ha sido posible por la insistencia de las asociaciones y la ayuda de la ministra de Fomento, Ana Pastor. Esto es un motivo de satisfacción, aunque queda mucho por matizar ya que está sujeta a muchas interpretaciones jurídicas, que dificultarán su efectividad”.