El sector del transporte se manifiesta como una forma sencilla y beneficiosa de generar dinero a las arcas de los diferentes gobiernos. Primero fue la Diputación Foral de Guipúzcoa la que anunció un canon de hasta diez euros por trayecto al transporte pesado que utilice las autopistas A-15 y N-1, a su paso por esta provincia.

La medida, lo ha vuelto a asegurar el CNTC en la reunión de la pasada semana, implicará una serie de medidas de presión que llevarán a cabo las asociaciones nacionales de transporte que componen el comité más la agrupación de carácter provincial, HIRU. En concreto, han acordado llevar a cabo medidas conjuntas de movilización y concienciación social, con las que hacer frente a la decisión unilateral de la Diputación Foral de Guipúzcoa.

Y mientras se establecen las “protestas” contra Guipúzcoa, el consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, Josep Rull, presenta al Grupo de Peajes, formado por representantes del Govern, administraciones locales, concesionarias, entidades civiles y grupos parlamentarios, el nuevo modelo de gestión de la red viaria catalana, el cual incluye establecer un nuevo impuesto.

La viñeta catalana, similar a la existente en países de la UE, consistiría en una tarifa plana anual para todos los vehículos, entre los 40 y los 110 euros anuales, aplicable en todas las vías de altas prestaciones, con una cláusula de excepcionalidad para aquellos que circulen poco.

Se trata de un modelo, según el Gobierno catalán, con el cual se liberarían más de 300 millones de euros anuales de recursos presupuestarios que actualmente se destinan al pago de peajes en la sombra (unos 200 millones), al mantenimiento de carreteras (70 millones) y la bonificación de peajes (45 millones).

Para Rull, este sistema de cobro “supera el modelo actual y asegura un modelo más equitativo y equilibrado territorialmente, que piensa en el conjunto del sistema, como ya se hace en varios países de la Unión Europea”.

Fenadismer solicita “opinar”
Tras conocerse las intenciones de Cataluña, FENADISMER ha solicitado formalmente al Consejero de Territorio catalán, Josep Rull, formar parte de la mesa de negociación del futuro sistema de peajes que pretende establecer la Generalitat de Cataluña en toda la red viaria catalana a partir de 2019.

Actualmente en dicha mesa de negociación, denominada “Grupo de Peajes”, no está representado el colectivo de transportistas del resto de España, “pese a que la nueva medida propuesta les afecta directamente, estando compuesta en la actualidad exclusivamente por entidades públicas y privadas y organizaciones de ámbito catalán”, asegura Fenadismer.

La federación, por otro lado, muestra su preocupación por el hecho, aunque no se ha confirmado oficialmente la cifra, de que el nuevo impuesto podría suponer para los transportistas un coste cercano a los 1.500 euros anuales.

Fenadismer asegura, por último en un comunicado oficial, que en el caso de que finalmente se aprobara el nuevo sistema catalán de peajes, “plantearemos que para la fijación del importe de la viñeta que se establezca para los vehículos de transporte, se tenga en cuenta la aportación, vía impuestos, del sector a las arcas públicas, tanto estatales como autonómicas. Exigiremos, además, que no exista ningún tipo de discriminación o agravio económico en función de las diferentes modalidades temporales de la viñeta a adquirir por los usuarios de las vías catalanas”.