El sector del transporte por carretera de mercancías no pasa por su mejor momento. Si la crisis económica y sus consecuencias directas en este sector no fuera suficiente, en breve tendrá que solventar uno de los problemas más graves, y complejos, que ha tenido en los dos últimos años. El próximo ocho de julio finaliza el plazo para renovar su actual convenio colectivo y tras la ruptura de las negociaciones entre sindicatos y patronal esta realidad está un poco más cerca.

Nunca ha sido fácil para el sector del transporte de mercancías  cerrar sus correspondientes convenios colectivos. El hecho, además, de ser una cuestión diferente en cada provincia ha sido fuente de importantes controversias. Y es como muy bien recordaba no hace mucho el presidente de ASTIC, Marcos Basante, “en los tiempos actuales, con los problemas que estamos teniendo de todo tipo, es hora de modificar la forma de negociar el convenio colectivo. En principio deberíamos lograr que sea de carácter general y no provincial. Hoy día no es de recibo que por una diferencia de apenas unos kilómetros haya una diferencia salarial de un 20%”.

Las declaraciones de Marcos Montero, presidente de CETM, refrendan lo aportado desde ASTIC. Para Montero, los sindicatos deben ser conscientes de que es necesario “establecer una nueva forma de regular las relaciones laborales. No podemos continuar con la situación actual, marcada por unas diferencias abismales entre unas provincias y otras… y eso es sólo uno de los puntos clave a debatir”.

El presidente de CETM, aseguró asimismo, que es “absolutamente falso”, lo que han manifestado las organizaciones sindicales de que nos hemos levantado de la reunión sin negociar. “Lo que sucedió es que nos plantearon iniciar las conversaciones partiendo de una imposición: continuar con la ultractividad. Y eso no estamos dispuestos a aceptarlo, bueno ni esa ni ninguna otra condición previa”, puntualizó Marcos Montero.

La postura de la otra gran patronal del sector, UNO, pues es muy similar. Como aseguraba su presidente, Gonzalo Sanz, en una reciente reunión mantenida con la prensa profesional, “patronales y sindicatos, y durante es 2013, tendremos que adaptarnos a la realidad de la nueva reforma laboral, de otra forma unos y otros tendremos poco que hacer a la hora de establecer unas normas laborales”.

A su parecer los cambios introducidos en la legislación laboral hace que la relación empresas-trabajadores prevalezca sobre el resto y, por lo tanto, “o hacemos cosas diferentes o el café para todos que ha sido hasta ahora el convenio sectorial no tendrá sentido”.

Pero si éste aspecto ha sido hasta el momento el “gran caballo de batalla” del sector, fundamentalmente de la patronal. Ahora el problema es mucho más complejo. La nueva reforma laboral impuesta por el Gobierno pone fin a la denominada ultractividad para los convenios ya caducados, fijada en el próximo 8 de julio y que implica que a partir de ese momento el sector sino dispone de uno nuevo podríamos decir que estará “absolutamente desregularizado”.

¿Se logrará el consenso antes de esa fecha? Si antes de la celebración de la reunión del pasado siete de mayo existía alguna posibilidad, lo acontecido en ésta y que ha terminado en la ruptura de las negociones plantea una situación compleja, difícil y seguramente “plagada” de movilizaciones repartidas por toda la geografía nacional.

Ruptura total

La reunión del pasado siete de mayo finalizaría sin ningún tipo de acuerdo. Algo previsible si se analizan en profundidad los planteamientos de una parte y otra antes de la mencionada reunión. Evidentemente, ambas partes aseguran que la culpa es del contrario, pero lo cierto es que el gran perjudicado de la ruptura es el conjunto del sector, al que le espera un largo conflicto –ya se ha convocado las primeras movilizaciones y paros-, en un momento muy crítico, en plena crisis económica.

Una “pista” sobre lo que va a suceder se aprecia en el comunicado de prensa emitido por CC.OO en el que se asegura, “no estar de acuerdo ni con el fondo, ni con la forma, calificamos además la posición de la patronal de inasumible, ya que sólo tiene deseos de negociar, solo de imponer y extorsionar. Ante esta situación, anunciamos que “brotará la movilización territorial estatal”.

Y es que las organizaciones sindicales no están dispuestas a aceptar unas condiciones impuestas por la patronal, “que no son más que una actitud ventajista en el momento actual, ante la necesidad de firmar un acuerdo antes del 8 de julio”, puntualizan desde CC.OO.

Desde las organizaciones sindicales se recuerda que el apremio de la fatídica fecha “obliga” a CC.OO y UGT tras acuerdo en el SIMA, a la elaboración del documento presentado con un articulado destinado a unificar puntos básicos de condiciones laborales generales, “pero la avaricia ilimitada solo entiende la forma del documento mencionado, no el fondo del mismo, lo que lleva a la patronal a su modificación, con un contenido más “real” y lo dejan  casi vacío de compromiso por parte patronal”, puntualizan desde CC.OO.

Lejos de un leguaje “más o menos sindicalista”, lo cierto es que lo ha motivado la ruptura ha sido la presentación en la reunión de un nuevo documento –que desde las patronales se ha calificado como más cercano a las peticiones de las organizaciones sindicales- en el que éstas  abogan por cuestiones como prorrogar la ultractividad de los convenios provinciales hasta 31 de julio de 2014; que los artículos que se negocien sean materia reservada y prevalentes en las negociaciones de ámbitos inferiores; no pactar ningún tipo de compromiso sobre prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa o la posibilidad de ofrecer a los negociadores territoriales como “paquete cerrado”, que de ser aceptado por los mismos pudiera desbloquear las negociaciones.

Las organizaciones sindicales tampoco han aceptado otro cuatro puntos  presentados por las patronales como son la regulación de la jornada para todo el territorio nacional a 1826,27 horas anuales, como marca el Estatuto de los Trabajadores; la  ellminación del concepto antigüedad en todos los convenios territoriales que aun lo tengan, así como la de la paga de marzo, llamada de beneficios y las patronales  solo la abonarían si la empresa realmente tuviera beneficios en el curso del año anterior y siempre que éstos al menos  del doble del coste de los salarios, tras pagar impuestos, “en definitiva”, aseguran desde CC.OO, “una rebaja directa de una quinceava parte de los salarios”.

Por último, el documento presentado por la patronal también exige la unificación del valor de las Dietas nacionales e internacionales, “con la resultante de la media aritmética de los distintos convenios provinciales, y sin tener en cuenta en esa media el “peso específico” por número de trabajadores afectados por cada convenio”, puntualiza.

Como es habitual en este tipo de conflictos, desde la patronal no se entiende la negativa de las organizaciones sindicales a negociar bajo estos parámetros, y que consideran que lo que han planteado acepta, “al menos de forma parcial”, lo que proponían. Como ejemplo de ese acercamiento, mencionan su disposición a  negociar una prórroga en la ultractividad de los convenios, punto que habían rechazado de plano hasta esa reunión.

Asimismo, afirman estar dispuestos a negociar una solución para todas aquellas las provincias –que son muchas-, que no logren renegociar en plazo, antes del 8 de julio los  convenios colectivos en vigor.

Miles de afectados

Mientras patronales y sindicatos siguen “en peleo continúa”, en ciertas provincias –recordemos que los convenios colectivos son de carácter provincial-, trabajan a “marchas forzadas para conseguir un marco regulatorio antes de la “fatídica fecha de julio”. Ese es el caso, un ejemplo claro, de Castilla y León  que ha logrado, apenas hace unos días, que sindicatos y patronal firmen un principio de acuerdo, tras más de tres años de no disponer de él. Entre otros aspectos, el acuerdo, que afecta a unos 1.000 trabajadores del sector,  contempla unas subidas de un 0,5 por ciento para los años 2013 y 2014 y de un 0,75 por ciento para el 2015.

Más difícil esta la situación, muy similar a la de los trabajadores de Madrid y Barcelona, en la Comunidad Autónoma de Navarra, donde se intenta firmar un acuerdo del que se beneficiarán, según datos ofrecidos por las organizaciones sindicales, un total de 27.147 trabajadores. Como en toras provincias, el mayor conflicto se encuentra en la cuestión de la ampliación por un año de la ultraactividad o, en su defecto, durante el periodo en el que se negocie el nuevo convenio colectivo.

No lo tienen más fácil, a tenor de las últimas declaraciones realizadas por los implicados en este conflicto, en Vizcaya donde los sindicatos CC.OO, UGT y LAB han anunciado  en rechazo a la «insultante» propuesta de la patronal Asetravi, que, a su juicio, pretende «recortar» derechos laborales.

Las centrales sindicales, tras realizar una concentración de protesta en la sede de la mencionada patronal el pasado ocho de mayo, aseguran estar analizando la posibilidad de convocar una huelga en el sector vasco de transporte de mercancías de Euskadi en defensa de las reivindicaciones de los trabajadores que operan en él. En Vizcaya, el convenio sectorial lleva sin actualizar desde el año 2009.

Pero estas tres provincias son sólo tres ejemplos de lo que está sucediendo a lo largo de todo el país y que se podría resumir en pocas palabras: nerviosismo y prisas, muchas, para conseguir que las posturas intransigentes de ambas partes –patronal y sindicatos-, dejen al conjunto del sector en una situación aún más crítica.