La clausura de la asamblea general de CETM Cistermas se presentaba como un trámite sencillo para el director general de Transporte Terrestre, Joaquín del Moral. Como es habitual sería el encargado de cerrar la jornada, dirigiendo unas palabras a los asistentes. Pero el día anterior Fenadismer había acusado al ministerio de Fomento de no defender el requisito de los tres vehículos para ejercer como empresa de transporte ante la Audiencia Nacional, y ante la denuncia presentada el año pasado por Competencia (CNMC).

Un requisito, por cierto, en el que están de acuerdo todas las asociaciones miembro del Comité Nacional, que lo consideran necesario para que no se produzca la entrada masiva de personas no aptas para ejercer la actividad. Ni aptas ni con la suficiente capacidad financiera.

Totalmente falso
La rotunda negativa de Del Moral a lo anunciado por Fenadismer es algo más que una negativa. Es evidente, que a Fomento no le ha parecido bien la manifestación de Fenadismer, en una cuestión en la que el Ministerio siempre ha asegurado defender tanto en España, ante la Audiencia Nacional, como en Bruselas, donde también se ha mostrado reticencias al requisito. El motivo el mismo, «atenta contra la competencia».

“Es absolutamente falso que no hayamos presentado el recurso en plazo”, asegura Del Moral, “se ha hecho y creemos que se atenderán nuestras razones. No vamos a consentir que se diga que no defendemos esa demanda con todo el peso de la Ley. Lo está haciendo la abogacía del Estado y ayer mismo nos ha confirmado que el recurso entró en plazo”.

Las palabras realizadas por Del Moral durante el acto de clausura fueron “matizadas” ante las preguntas de la prensa especializada. Así, en una respuesta que podemos calificar de embarullada, afirmó que, en efecto, se habían apurado mucho los plazos. “Se ha presentado en el último día y, es más, para evitar problemas mayores también se ha solicitado una aplazamiento del plazo, requisito que se ha concedido”.

En definitiva, un pequeño lío de “plazos legales” que, en realidad, evidencian las dificultades de legislar un con un “Gobierno en funciones”. Ya se verá en qué termina el asunto. Ahora tiene la última palabra la Audiencia Nacional y, por supuesto, Bruselas.