La multa que la Comisión Europea impuso el pasado mes de julio a los principales fabricantes europeos de vehículos industriales -Daf, Daimler-Mercedes, Iveco, Man y Renault-Volvo- está considerada como la más importante que ha impuesto Bruselas hasta el momento.

La Comisión demostraba, una vez más, que está dispuesta a luchar contra aquellas empresas, sean del sector que sean, que acuerden fijar precios, iguales o muy similares, a la hora de vender sus productos. Dicho de otro modo, por ir “contra la libre competencia”.

Multa récord
En el caso de los fabricantes de vehículos industriales, la Comisión Europea, castigaba, además, el hecho de retrasar deliberadamente la introducción en el mercado de nuevas tecnologías para reducir las emisiones de sus vehículos. La suma de los dos delitos implicó una multa récord por un “importe total cercano a los 3.000 millones de euros”, recuerda Fenadismer en un comunicado.

El fabricante sueco Scania, pese a formar parte del referido cártel, no admitió su participación en los hechos denunciados, a diferencia de las restantes marcas. Es por ello que la Comisión Europea dicatará una resolución específica para dicho fabricante, lo que conllevará incluso una sanción económica de mayor cuantía de reconocerse su participación en el acuerdo de precios entre los fabricantes.

No es ese el único “trabajo” que ha realizado la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea desde el pasado mes de junio. Así, ha procedido a preparar la versión pública de la resolución de la decisión sancionadora, una vez ha procedido a eliminar de la misma los datos comerciales o de otro tipo considerados confidenciales para las empresas afectadas.

En este sentido, según la información oficial facilitada recientemente por la Comisión Europea, dicha resolución será publicada “en una fecha muy próxima, a partir de la cual se abrirá el plazo para que todos los afectados puedan presentar la oportuna reclamación por los perjuicios ocasionados, que se estima en torno a un 10% – 15% del valor del vehículo”, destaca Fenadismer.

La federación recuerda que pueden reclamar sus derechos cualquier empresario autónomo o sociedad que hubiera adquirido entre los años 1997 y 2011 algún vehículo nuevo de transporte de mercancías de masa máxima superior a seis toneladas de cualesquiera de las marcas antes citadas.

Lo dispuesto por la Comisión Europea implica, asimismo, que las reclamaciones pertinentes se pueden solicitar “siendo indiferente que el vehículo en la actualidad se encuentre en activo o dado de baja”.

Desde Fenasdismer se recuerda, por último, que el número de adquisiciones de vehículos afectados se ha estimado en cerca de 10 millones de camiones en toda la Unión Europea, 200.000 de ellos ha sido vehículos adquiridos en España.