Este viernes 1 de julio entra en vigor íntegramente en Francia la Ley Macron en medio de un gran caos y desconcierto para el conjunto de empresas de transportes europeas y, especialmente, españolas. Además, no se ha obtenido compromiso oficial del Gobierno francés de ser “comprensibles” a la hora de sancionar en estos primeros meses de vigor.

Según ha confirmado a Infotransport el director técnico de Astic, José Manuel Pardo, “hasta este mismo miércoles el Gobierno francés no había publicado el certificado de desplazamiento oficial, solo estaba disponible el borrador, por lo que la confusión y descontrol es absoluto para los más de 14.000 camiones españoles que diariamente atraviesan Francia a través de los pasos de La Junquera e Irún”.

Desde Astic se hace hincapié en que las empresas españolas están teniendo dificultad para encontrar a los representantes oficiales que obliga la ley Macron a tener en territorio galo y otras medidas que exige también están resultando muy complejas desde el punto de vista administrativo.

Para la patronal española, es evidente que esta norma es “una medida de proteccionismo del transporte francés y aunque para su justificación aducen a la directiva europea de desplazamiento de trabajadores, la realidad es que la aplican con muchos matices”. Creemos que “es la salida que han visto para evitar y controlar el denominado dumping social del transporte que se hace desde los países del Este, pero la realidad es que los transportistas españoles son los que más perjudicados salen por el gran intercambio comercial por carretera entre ambos países”.

Además, insiste José Manuel Pardo, Francia no ha puesto nada fácil a las empresas de transportes extranjeras la entrada en vigor de esta ley porque, por ejemplo, “desde hace sólo tres días está disponible en español la web desde la que el Ejecutivo galo gestiona esta ley”.

Sin garantías de “prudencia” a la hora de sancionar
Por otro lado, Astic tiene muchas dudas de que los gendarmes franceses sean “prudentes” a la hora de poner multas en estas primeras semanas de entrada en vigor de la ley. La patronal recuerda que solicitó al Gobierno galo una moratoria para no sancionar en una primera fase pero “no nos han respondido y sólo han señalado en algunas reuniones con responsables franceses que serán razonables a la hora de sancionar, pero es evidente que después cada gendarme actuará como quiera”.

Astic recuerda que esta ley está muy cuestionada desde la propia Comisión Europea que ha decidido emprender acciones legales contra Francia y Alemania por sus medidas proteccionistas y a las consecuencias de la aplicación del salario mínimo para el sector del transporte por carretera.

Por ello, la asociación exige a la Comisión desbloquear esta situación que afecta a la vertebración europea y que “va a llevar a la ruina de los empresarios del transporte que tengan empleados propios, incapaces de poder cubrir las diferentes demandas burocráticas y fiscales que los Estados miembro están exigiendo al transporte por carretera”. ASTIC aplaude el despertar de este letargo burocrático que sólo dificulta y ralentiza la actividad del sector de transporte europeo y, muy especialmente, el español.

Astic considera que la aplicación sistemática de la legislación sobre el salario mínimo por Francia desde el 1 de julio (y Alemania, desde 2015) para todas las operaciones de transporte con origen y destino en territorio francés y el cabotaje restringe de forma desproporcionada la libre prestación de servicios y la libre circulación de mercancías atentando a los principios fundamentales y tratados de constitución de la Unión Europea.