La Comisión Europea no puede prohibir el salario mínimo
La aprobación por parte de Francia, Alemania y Austria de una Ley que obliga a las empresas –aunque sean originarias de otra país comunitario– de aplicar el salario mínimo a los transportistas profesionales ha sido una de las normas más polémicas de los últimos meses.
Calificada de proteccionista, contraria al “espíritu de la UE” y, lo que es más grave, de la libre competencia, varios países europeos –liderados por España y Portugal– comenzaron a exigir a la Comisión que actuará contra la aprobación de esas leyes y en defensa, insistimos, de la libre competencia.
El problema, lo ha confirmado una vez más Violeta Bulc, comisaria europea de Transportes, es que “la Comisión no puede actuar, en este caso suspender, la aplicación de una Ley establecida por un país en concreto”.
Ante esa realidad, Bulc puntualiza que lo único que la Comisión puede hacer es abordar la cuestión en el Paquete de Movilidad, adoptado el 31 de mayo. De hecho, ha propuesto una aclaración de las condiciones laborales que deben aplicarse cuando un trabajador del sector del transporte por carretera realiza su labor desplazado”.
Por otro lado, la Comisaria de Transportes recordó que “en la actualidad hay pendientes procedimientos de infracción contra Alemania y Francia. Además, la Comisión decidió enviar un escrito de requerimiento a Austria”.
Las declaraciones de la Comisaria de Transportes se produjeron en respuesta a la pregunta planteada por la eurodiputada rumana Laurentiu Rebega, del partido ENF, sobre qué pasos piensa dar la Comisión para resolver el problema de las medidas proteccionistas llevadas a cabo por algunos países de la Unión Europea.
A su vez, la pregunta de la eurodiputada rumana era consecuencia de la acción realizada por 400 transportistas rumanos que habían enviado una carta abierta a la Comisión y al Parlamento en la que acusan a Alemania y Francia, en concreto, de prácticas proteccionistas, anticompetitivas y discriminatorias.
La protesta de Rumanía se une a la realizada, al considerar también que sufren discriminación, por países como Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Bulgaria, los Estados bálticos (Letonia, Estonia y Lituania), además de España y Portugal.