A la espera de un nuevo paquete de medidas legislativas encaminadas a reforzar las leyes contrarias a la igualdad y la falta de competencia, entre los países comunitarios los transportistas españoles siguen “sufriendo” los problemas derivados de las restrictivas leyes que implantan en países europeos.
En el último mes han sido Alemania y Polonia los países que han puesto en marcha leyes que “cambian las reglas de juego”.

El Consejo Federal de Alemania ha aprobado una Ley que prohíbe que los conductores profesionales realicen en la cabina su descanso semanal obligatorio de 45 horas, convirtiéndose en el cuarto país de la UE en incorporar esta restricción a su normativa, tras Bélgica, Francia y Holanda.

Se da la circunstancia, de momento es un rumor, que Gran Bretaña también se “apunta” a la prohibición de que los conductores profesionales realicen una parte importante de su descanso semanal en la cabina. Además, los británicos están decididos, si finalmente implanta la medida, a multar con 300 euros a aquellos transportistas que incumplan la Ley.

Polonia, nueva política de control
Polonia ha implantado recientemente una nueva Ley aduanera sobre el control del transporte por carretera en el país, que establece una serie de obligaciones de comunicación. La medida afecta tanto al expedidor de la mercancía como al destinatario y al transportista.

Así, deberá presentar declaración el transportista que realiza transporte de mercancías con origen en Polonia, así como los que hagan transporte de mercancías desde el territorio de un Estado miembro o desde el territorio de un tercer país con destino en Polonia. Por último, deberá hacerlo quien haga transporte de mercancías a través del territorio de Polonia, sin ser éste el destino final.

La declaración, puntualiza el gobierno de Polonia, la deben hacer los tres intervinientes del contrato de transporte y ésta será distinta en función del origen y destino de la mercancía, y que será entregada en web https://puesc.gov.pl). Destacar, puntualiza la Ley, que el 1 de mayo se comenzará a aplicar controles, lo que supone, si no se cumple con lo regulado, la imposición de sanciones, que oscilan entre los 1.200 y los 4.700 euros, según el grado de incumplimiento.