Patronal y sindicatos se reúnen para evitar la huelga en los puertos
Las últimas declaraciones que había realizado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en el sentido de que Europa no permitiría otro retraso en la aprobación de la Ley, no dejaban duda: el Consejo de Ministros del pasado 24 de febrero aprobaría la controvertida “reforma de la estiba”.
Y lo hacía, también era previsible, sin llegar a un acuerdo con los sindicatos de estibadores, absolutamente contrarios a una legislación que consideran afecta directamente “a sus derechos laborales”. Derechos, aseguran, conseguidos a lo largo de años de trabajo y esfuerzo por el sector.
Así las cosas, el sector del transporte por carretera “cruza los dedos” y espera que las consecuencias de la huelga no sean demasiado perjudiciales para sus intereses. Que lo será, al fin y al cabo el 90% de la mercancía que se mueve en los puertos españoles es trasvasado a vehículos industriales, realizando, sin duda, la única operación multimodal que funciona desde años: marítimo carretera.
Bruselas manda
La aprobación del Real Decreto se ha llevado a cabo transcurridos más de dos años desde que el Tribunal de Luxemburgo fallase contra el sistema laboral de estiba que existe en los puertos nacionales. Para Bruselas, no había duda, era necesario, y urgente, liberalizar el sector.
Así lo recordaba el propio ministro de Fomento, en rueda de prensa, una vez finalizado el Consejo de Ministros. De la Serna insistía, lo había venido haciendo a lo largo de las dos últimas semanas mientras se negociaba con los estibadores, que Bruselas, “si no queremos ser multados de nuevo”, exige el cambio de la Ley. “Conscientes de ello, Fomento ha mantenido durante los últimos dos años reuniones con sindicatos y patronal, para posteriormente trasladar sus propuestas a la Comisión Europea. Hemos intentado, asimismo, flexibilizar la reforma en la medida posible, siempre intentando favorecer a los estibadores.
Pero la Ley no podrá ver la luz. Sí es verdad que tiene el beneplácito del Gobierno, lo cierto es que aún falta para su aprobación. Durante los próximos 30 días, plazo legal establecido para que se apruebe un Real Decreto en el Congreso de los Diputados, las posibles reformas que se realicen al mismo se decidirán en ese ámbito, en el Congreso. En los próximos días habrá que estar atentos a las posiciones de los diferentes partidos políticos.
Y, ¿eso porqué? Entramos en el juego de las “matemáticas”. Aunque sólo se necesita mayoría simple para su aprobación, el Gobierno no tiene suficientes votos, como poco necesitará el apoyo de Ciudadanos (32 diputados).
A espera de lo que suceda estos días, lo que sí parece claro es que el Real Decreto verá la luz con algún cambio. Tanto el PSOE como el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea han mostrado “dudas” al texto tal y como está, lo que hace previsible que no “facilitará” la aprobación al Gobierno.
Huelga y “negociación”
Los próximos días no serán fáciles para el Gobierno. Además de “negociar” en el Congreso de los Diputados con los diferentes partidos políticos, tendrá que seguir haciéndolo con los sindicatos, ya que éstos mantienen la huelga convocada en los puertos –días y horas alternos–, entre el 6 y el 25 de marzo.
Para evitarla se han establecido nuevos días para intentar negociar una salida. Así, patronal y sindicatos se darán una “nueva oportunidad” el próximo 28 de febrero. Fomento no entra ya en la fase de negociación, tras suspender las negociaciones el pasado 22 de febrero.
Están llamados a la mesa de negociación los representantes de la patronal Anesco, así como los sindicatos Coordinadora de Trabajadores del Mar, UGT,CIG y CGT. Entre los asuntos que se abordarán uno de especial importancia, al menos para los representantes de los trabajadores: la garantía de los derechos actuales de los más de 6.000 trabajadores actualmente en activo.
En concreto, solicitan la articulación de un registro de subrogación para todos ellos, aspecto éste que no acepta la patronal. Es más, desde Fomento insisten en que Bruselas no lo permitirá con lo cual el Real Decreto no podrá contar con una medida de esas características.