La introducción de nuevos peajes en las carreteras ha sido una de las noticias que más se ha repetido a lo largo de los últimos meses. Tanto la Administración central como la autonómica, e incluso provincial, siguen pensando en el pago por el uso de las carreteras como una de sus mayores fuentes de ingresos.

En este sentido, la Diputación de Guipúzcoa, que gobierna en minoría Bildu, anunció la aplicación de un nuevo peaje para camiones y turismos en la N-1, N-121 A y la A-15. Sin embargo, la medida, que hubiera entrado en vigor a partir del mes de octubre de 2014, ha tenido que ser retirada al no disponer Bildu de los suficientes apoyos para su implantación.  Y es que desde que se conoció la noticia, no han dejado de surgir las opiniones en contra de esta medida.

Oposición total
Desde el mismo momento en el que se conoció la noticia, asociaciones profesionales de Guipúzcoa y de otras zonas de España manifestaron su total oposición a una medida que implicaría un coste más para los transportistas. El hecho, además, de las intenciones de la Diputación eran establecer diferentes tipos de peajes, dependiendo del origen de la empresa de transporte –de la propia Guipúzcoa u otra región–, fue considerado como un hecho que iría en contra de la libre competencia.

El conjunto de las asociaciones más importantes a nivel nacional, comandadas por Fenadismer, ASTIC y CETM, platearon su rechazo absoluto al nuevo peaje, “perjudicaría  gravemente las exportaciones españolas, al ser Guipúzcoa paso obligatorio para el transporte de mercancías con destino al resto de Europa”, explicaban desde Fenadismer.

Eso sí, los beneficios económicos que tendría para la región la medida eran más que evidentes. La Diputación Foral había previsto recaudar más de 250 millones de euros anuales sólo en concepto de impuesto sobre los carburantes. Precisamente esos beneficios hacen que el sector del transporte recele de que la Diputación no lleve a cabo al final esta medida de carácter «puramente recaudatorio».

«Es una buena noticia, pero tenemos que ver la resolución definitiva, hasta entonces no nos lo creemos”, apuntan desde la asociación Hiru, mayoritaria en la provincia y que desde el principio habían manifestado su total oposición a la medida, llegando incluso a comunicar que plantearían movilizaciones para evitar la puesta en marcha del nuevo impuesto.

Desde Guitrans, asociación miembro de la CETM a la que pertenecen las empresas de mayor tamaño de Guipúzcoa, han manifestado su total oposición a la implantación de una medida de estas características.  Y es que en lo que todas las asociaciones están de acuerdo es que de llevarse a cabo sería la “puntilla” para el sector, que ha valorado en un coste anual de entre 8.000 y 10.000 euros por vehículo, cifra inasumible en un momento en que los transportistas tienen serios problemas para repercutir el incremento de sus costes al cliente.

Falta de apoyos
Finalmente la medida ha tenido que ser retirada, con la consiguiente satisfacción del conjunto del sector del transporte, pero también de los ciudadanos a lo que también afectaba. La oposición de otras administraciones del País Vasco ha sido fundamental para que la medida se haya retirado, al menos de momento.

La consejería de Medio Ambiente considera que la implantación de peajes que propone la Diputación en este territorio debe ser discutida en la Autoridad del Transporte de Euskadi. Es más, la propia Consejería se comprometió a analizar si la iniciativa de la Diputación guipuzcoana se ajusta a las directrices que establece la directiva europea reguladora de la euroviñeta, principalmente en lo concerniente a la «aplicación del principio de no discriminación”.

En la Unión Europea también se observaba la medida con recelo. Así lo evidenció la eurodiputada riojana del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE), Esther Herranz, quien tildó el proyecto de «claramente discriminatorio» y de «no respetar la normativa comunitaria”. Una discriminación que se debe a que la medida favorece únicamente a los residentes, por lo que la considera «perjudicial para los intereses de todos aquellos que no residen en Gipuzkoa« y, por tanto, contraria a la legislación europea.