El Comité Nacional de Transportes (CNTC) ha enviado al ministerio de Fomento una notificación en la que solicita que ponga la máxima diligencia a la hora de convalidar los títulos de transportista por parte de ciudadanos residentes en España pero que han obtenido dicho título en otro país europeo para, posteriormente, utilizarlo en nuestro país.

Este escrito se acordó enviarlo durante la pasada reunión del CNTC celebrada el 13 de julio donde se analizó este problema que algunas asociaciones del Comité, como es el caso de Fenadismer, califican de “fraudulento” puesto que el Reglamento europeo 1071/2009, que establece las normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplir para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera, establece en su artículo 8 que las personas interesadas en obtener el título de competencia profesional de transporte deberán examinarse en el Estado miembro en el que tengan su residencia habitual, entendiendo como tal “el lugar en que una persona viva habitualmente, es decir, por lo menos 185 días por cada año civil, por razón de vínculos personales que revelen lazos estrechos entre la persona y el lugar en que habita”, según señala Fenadismer en un comunicado.

Sin embargo, Fenadismer denuncia que, de forma cada vez más habitual, ciudadanos residentes en España se trasladan a otros países europeos (fundamentalmente Portugal y Rumania), con el fin de realizar el examen en dichos países, “dado que el nivel de conocimientos exigidos es muy inferior al existente en España, sin que las autoridades de dichos países comprueben el requisito de residencia habitual establecido por la normativa europea”. Así, en el caso del país luso, “incluso existen academias especializadas en preparar exclusivamente a ciudadanos residentes en España, habilitando aulas para ellos junto a la frontera española”, denuncia la asociación.

Una vez obtenido el título en estos países, se solicita la convalidación automática por el correspondiente título español ante el ministerio de Fomento para poder ser utilizado en nuestro país. Por ello, Fenadismer plantea la necesidad de que Fomento no proceda a la convalidación de dichos títulos si el solicitante no demuestra que en el momento de realizar el examen no había acreditado el cumplimiento del requisito de residencia habitual. Asimismo, presentará una denuncia formal ante la Comisión Europea a fin de que se erradiquen estas actuaciones fraudulentas en dichos países.

La visión de la patronal
Desde CETM, su director general Miguel Martínez de Lizarrondo, reconoce que este es un problema real no sólo de la obtención de la competencia profesional sino también en casos de CAP, aunque no considera que sea un problema “fundamental” del sector transporte en estos momentos. Martínez de Lizarrondo coincide con Fenadismer en que cualquier cosa que se haga con fraude o rozando la legalidad debe ser perseguido pero también matiza que en este caso “la realidad es que los transportistas se presentan al examen”.

En opinión de CETM, este problema tiene fácil solución con la verificación por parte de la administración portuguesa de la residencia real del transportista que se presenta al examen en su territorio y, una vez que este solicita la homologación en España, Fomento también debe comprobar su residencia real “y si resulta que en efecto  vive en España investigar el motivo de sacarse el título en el país vecino”.

Además, el responsable de CETM también cree necesario en este asunto una verificación de los sistemas, de los programas de formación, de los centros de exámenes o de los propios tribunales examinadores con el fin de que la obtención del título de transporte sea equivalente sacarlo en cualquier país europeo.

Por todo ello, desde CETM se pide al ministerio de Fomento la máxima diligencia a la hora de homologar los títulos y que también reclaman a las administraciones de estos países que investiguen la residencia real de los extranjeros que se presentan a la obtención del título de transporte.

Por su parte, José Manuel Pardo, director técnico de Astic, también coincide en que es un problema poco relevante para el transporte. Entiende que estos casos se dan sobre todo con transportistas autónomos que residen en zonas fronterizas, por ejemplo entre España y Portugal.