Superado el trámite parlamentario de la reforma de la LOTT. Conoce sus principales novedades
La reforma de la LOTT, proyecto iniciado durante el mandato del Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, ha conseguido que el sector del transporte por carretera lleve más de un año esperando un texto, sin duda, necesario, pero que implicará importantes cambios a la hora de regular el mercado. Una vez superado el trámite parlamentario y rechazadas las enmiendas a la totalidad presentadas por Izquierda Plural, en el mes de junio la nueva legislación será una realidad.
El pasado 13 de marzo la modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) fue la auténtica protagonista de la información sectorial. Se daría la coincidencia de que al mismo tiempo de ser discutida, y finalmente aprobada, por el Parlamento, tenía lugar el Foro del Transporte AECOC, donde fue sin duda el tema estrella al coincidir en un mismo evento cargadores y empresas de transporte, al fin y al cabo quienes deberán adaptar su forma de relacionarse a lo que establezca la Ley.
Para el Gobierno, en palabras de la ministra Ana Pastor, con la modificación de la LOTT se mejora “la competitividad y la eficiencia del sector del transporte, el servicio público de transporte de viajeros y las condiciones de competencia en el mercado a través del perfeccionamiento de las reglas de control y del régimen sancionador actualmente establecido”. La reforma que ha propuesto el Gobierno está pensada para introducir nuevas reglas que favorezcan reformas estructurales en el transporte por carretera, al mismo tiempo que se eliminan o reducen cargas Administrativas que hoy recaen sobre las empresas y las administraciones, limitando su eficiencia, ha afirmado Pastor.
Principales cambios de la Ley
La próxima LOTT establecerá diversas medidas que tratan de dotar de mayor flexibilidad a la gestión empresarial, como la posibilidad de realizar cualquier actividad relacionada con el transporte con una única autorización, mientras que hasta ahora requería de dos autorizaciones para operar de forma global en el mercado. También elimina la exigencia de autorización a las empresas que desarrollan actividades auxiliares o complementarias, sin intermediar en la contratación de transporte. Esta simplificación del sistema de autorizaciones supondrá, según Ana Pastor, un ahorro importante en coste y tiempo para las empresas del sector.
Un segundo bloque de medidas persigue una mayor agilidad en la tramitación de las licencias y autorizaciones, al tiempo que impulsa la tramitación telemática de estos, lo que reducirá enormemente su carga administrativa y disminuirá notablemente los plazos de emisión de autorizaciones. En este sentido, se implantará el visado de oficio de las autorizaciones por parte de la Administración, que será realizada de oficio y telemáticamente por la propia Administración de transportes a través de la interconexión del Registro de Empresas de Transporte con otros Registros públicos.
Un tercer bloque de medidas se encamina a actualizar y armonizar el contenido de la Ley con la reglamentación comunitaria de acceso al mercado de transporte por carretera, recogiendo exigencias comunitarias como el nuevo requisito de contar con un establecimiento efectivo y permanente en el país para obtener la pertinente autorización.
La norma contiene un cuarto grupo de medidas que refuerza el principio de libertad mercantil. Para ello, la reforma de la ley elimina toda referencia a la posibilidad de que la administración pueda establecer tarifas mínimas, generalizándose el principio de libertad de precios en la contratación de transportes.
También con objeto de dar mayor eficacia a las relaciones mercantiles, se potencia la actuación de las Juntas Arbitrales del Transporte, elevando la cuantía del litigio por debajo de la que se presume el sometimiento a dichas juntas de los 6.000 euros actuales hasta 12.000 euros, lo que contribuirá a desjudicializar muchos conflictos en la contratación de transportes.
Un último bloque de medidas en este apartado persigue dar una mayor transparencia al mercado, al tiempo que se refuerza el marco legal destinado a impedir el intrusismo en el sector. Para ello, se da publicidad a la parte del contenido del Registro de Empresas de Transporte que permitirá conocer a cualquier ciudadano si una empresa o persona física cuenta con alguna de las autorizaciones o habilitaciones que se contemplan en la Ley.
Por otra parte, con el fin de potenciar la unidad de mercado y evitar situaciones de competencia desleal, se establecen nuevas reglas que garanticen que sólo podrán facturar servicios de transporte quienes dispongan de la necesaria autorización para contratarlo en nombre propio, ya sea como transportistas o como intermediarios en la contratación de transporte.
E.C. Hernández