El ministerio de Economía y Competitividad recomienda al ministerio del Interior y a la Dirección General de Tráfico (DGT) que analicen la posibilidad de establecer un régimen alternativo al actual para la configuración de los cursos de sensibilización y reeducación vial que sea “eficaz y garantista” para asegurar el adecuado control sobre los aspectos esenciales de la gestión de los cursos.

Esta es la contestación que la secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado del ministerio de Economía y Competitividad traslada a la editorial AEOL Service, especializada en la producción de material didáctico de conducción vial. Ello a raíz de la denuncia que presentó el pasado mes de julio ante la actitud de la Confederación Nacional de Asociaciones de Autoescuelas (CNAE) por la situación de privilegio que ostenta por su condición de adjudicataria del contrato de la DGT de concesión administrativa para la gestión de los cursos de recuperación de puntos del permiso de conducir.

Según denuncia la editorial, la CNAE compite “de forma desleal con el resto de editoriales y operadoras del mercado al dejar en sus manos la facultad de escoger qué autoescuelas pueden impartir los cursos de sensibilización y reeducación vial, así como la competencia para supervisar el funcionamiento de estos centros para recuperar puntos”. De esta forma la CNAE “obliga a las autoescuelas a las que previamente autoriza como centros de recuperación de puntos a adquirir a través de su propia editora los manuales y demás productos necesarios para la impartición de los cursos”.

Julio Aparicio, director general de AEOL

Abuso y beneficio propio
Para Julio Aparicio, administrador de la editorial denunciante, es evidente que la CNAE utiliza en su propio provecho y en el de sus colaboradores la situación de monopolio en que ha quedado por el contrato con la DGT. Ante el temor de perder la autorización para impartir estos cursos, las autoescuelas optan irremediablemente por adquirir los materiales y demás servicios de la CNAE, en perjuicio del resto de editoriales. Ante esta situación, AEOL reclama en su denuncia a Economía que “si la administración quiere mantener el sistema de concesión administrativa, es necesario adoptar una serie de cautelas para evitar los abusos actuales consecuencia de hacer pivotar todo el sistema en torno a la CNAE”.

Denuncia ante competencia
La denuncia de AEOL Service no se ha limitado al ministerio que dirige Luis de Guindos. La editora afectada también ha enviado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia toda la documentación y pruebas sobre las prácticas de la CNAE para que analice la situación y, si lo considera oportuno, abra diligencias. “Competencia tiene desde hace tres semanas todas las pruebas que hemos presentado a la administración y, por ahora, no ha iniciado ninguna investigación. Pero esperamos que en breve se ponga a analizar la situación ante las evidencias de presión que realiza el actual adjudicatario”, incide Julio Aparicio.

Según ha confirmado a Infotransport, Economía “nos señala que cambiar el actual modelo de concesión por el de autorización permitía a todos los centros autorizados ofrecer la renovación de puntos. Pero si el ministerio del Interior decide que el sistema siga siendo una concesión, no permita al adjudicatario hacer las barbaridades que está practicando la CNAE en estos momentos. La confederación tiene la potestad de decidir qué autoescuelas, de las 9.000 que hay en España, están autorizadas a impartir los cursos de renovación de puntos, y es lo que le permite tomar las actitudes de poder que impone”.

AEOL critica las imposiciones de la CNAE a las autoescuelas

Analizando la situación
Aparicio señala que el ministerio del Interior y la DGT están revisando el formato y “si lo han renovado un año más es porque todavía no tienen claro cómo hacerlo. El nuevo sistema no tiene que suponer una complicación mayor para la administración ni tampoco un cambio radical”. En su opinión, se debería optar por un modelo de concesión donde haya tres partes diferenciadas: la formativa; la empresa que gestione las autorizaciones de los centros para impartir los cursos, y otra empresa que controle y audite a estos centros, “y así acabar con el actual modelo de monopolio que existe”, apunta el administrador de AEOL.

Aparicio insiste en que en la actualidad la situación de empresas editoras de contenidos de seguridad vial y recuperación de puntos de conducción es muy complicada porque tenemos vetado el acceso a las autoescuelas.

Tras las protestas y demandas presentadas por el resto de editoriales especializadas en seguridad vial y ante la posibilidad de que la DGT liberalice los materiales para que todas las empresas puedan ofrecer a las autoescuelas sus productos, “nos encontramos con que el contrato que firma la CNAE con las autoescuelas a las que autoriza impone que en el caso de que se liberalice el material didáctico, obligatoriamente se lo tienen que adquirir a su editorial. Es otro práctica ilegal que hemos denunciado y, además, la administración es consciente de ello”, insiste Aparicio.

Un suculento negocio
El actual modelo de cursos de recuperación de puntos mueve una facturación anual en torno a los 50 millones de euros. Si alrededor de 270.000 alumnos realizan anualmente estos cursos y el gasto en material necesario se sitúa entre 15 y 20 euros, aproximadamente, el beneficio exclusivo para la CNAE es muy importante, superior a los 5 millones de euros. Además, añade Julio Aparicio, “no es importante sólo el tema económico sino que se está trabajando con un producto formativo obsoleto que impone la Administración y está claro que se podría mejorar si el resto de editoriales pudiésemos ofrecer nuestros productos a las autoescuelas, siempre en línea con lo que determine la administración”.

Por otro lado, Fomento también está trabajando para que los profesionales del transporte tengan más fácil la recuperación de puntos perdidos con la adaptación de un sistema más flexible y con mayor número de centros para conseguirlo. Aparicio advierte que por el sistema actual de concesión a la CNAE, sólo hay unos 240 centros de recuperación de puntos en toda España frente a más de 3.000 para hacer los cursos CAP. La demanda de mejoras para el colectivo de transportistas ha sido motivo de encuentros entre el Comité Nacional de Transporte y la DGT.

Según las editoriales que denuncian esta situación, debe existir un modelo donde las autoescuelas sean las encargadas de impartir estos cursos, porque son las que están preparadas para dar los todos los cursos de reeducación vial. Pero debe ser un modelo donde la administración se implique más y no permita mafias o monopolios. Reclamamos, concluye Aparicio, ”un modelo que permita a la Administración decidir qué centros son los que imparten los cursos pero que el control de los cursos los haga una empresa externa a la que adjudica y, por supuesto, que las autoescuelas sean libres para adquirir el material que consideren más apropiado. Porque no tiene sentido que la empresa adjudicataria sea la misma que controle a las autoescuelas.”