La Asociación de Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) se ha hecho eco de unas declaraciones del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en las que aseguraba que la Unión Europea estaba “pasando por una situación compleja, con una evidente falta de liderazgo que perjudica sus fundamentos”. Las declaraciones de Juncker iban un paso más asegurando que toda una serie de “posiciones nacionalistas y populistas están llevando a una situación insostenible donde no es posible el consenso. Es evidente que existen “grietas” lo que está produciendo la fragmentación de la Unión”.

Estas declaraciones permiten a ASTIC insistir en el gran perjuicio que para la economía en general, y para el sector del trasporte en particular, tienen ciertas medidas legislativas que están imponiendo determinados países de la Unión. “No hay duda de que el mercado único europeo está en situación crítica, donde precisamente esa falta de liderazgo que menciona Junkers está llevando a que las medidas nacionales se impongan a las de carácter europeo, propuestas por la propia UE”, señalaba en un comunicado el director general de ASTIC, Ramón Valdivia.

Las declaraciones hacían clara referencia a las medidas sobre el salario mínimo que han interpuesto Francia, Alemania y, con matices, Italia. País que precisamente en este momento, tras implantar el salario mínimo durante acciones de cabotaje en su país, está pensando imponerlo para todo el transporte internacional.

La decisión de Italia
La aplicación del salario mínimo en países como Francia, que desde el mes de julio obliga a los transportistas extranjeros a pagar el salario mínimo a los conductores cuando estos realicen transporte internacional y cabotaje en el país, o Alemania, aunque éste último ha suspendido su aplicación para los trayectos en tránsito en Alemania, ha sido fuente de controversia y de denuncias de otros países ante la Unión Europea. De hecho, prácticamente la totalidad de las asociaciones empresariales de transporte españolas, pero también de otros países han solicitado su “anulación”, por ser contraria a los fundamentos de la Unión Europea, sobre todo los destinados a armonizar las leyes de todos los países miembro.

La realidad no sólo ha derivado en la desaparición de las leyes ya puestas, si no que ha supuesto añadir a la lista otro país comunitario. Así Italia, el pasado mes de julio aprobó el Decreto Legislativo nº 136 de 17 de Julio de 2016, estableciendo la obligación de que los conductores profesionales que se desplacen a territorio italiano cubran al menos el salario mínimo establecido en Italia, de modo similar a lo que se establece en la normativa francesa y alemana.

Fenadismer recuerda que esta normativa está en la actualidad pendiente de desarrollo normativo, al no haberse aún publicado el modelo de comunicación de desplazamiento así como el procedimiento de gestión y control por parte de las autoridades laborales italianas.
Precisamente, ese tiempo destinado al desarrollo normativo había sido tomado con optimismo por las asociaciones profesionales del resto de países miembro que pensaban que habría posibilidad de revocar la decisión italiana. Lo cierto es que las noticias lejos de ser positiva son negativas, ya que si bien el Decreto legislativo limitaba inicialmente su aplicación al transporte de cabotaje, se ha “filtrado”, asegura Fenadismer, que el Gobierno italiano está estudiando la posibilidad de ampliar su ámbito también al transporte internacional, de modo análogo a lo establecido en la regulación francesa y alemana.

Todo indica que ha sido consecuencia de la demanda unánime de las asociaciones italianas de transportistas, ante la fuerte competencia que sufren de las empresas procedentes de terceros países, lo que ha supuesto que la flota italiana en la actualidad sólo realice el 9% del transporte internacional con origen o destino en dicho país. O sea, de llevarse a cabo sería una medida “totalmente proteccionista”, teoría “muy alejada”, de lo que establece y “desea” la Unión Europea. El tiempo dirá en qué termina todo esto, en principio, no son buenas noticias para las empresas españolas.

Por otro lado, como reafirma Fenadismer, la situación para las empresas españolas puede ser aún más perjudicial ya que en España no se ha procedido a la transposición de la Directiva europea sobre desplazamiento de los trabajadores, cuya fecha límite de transposición vencía el pasado mes de julio. Destacar que dicha Ley, permite controlar la situación de competencia desleal que atraviesa nuestro sector, fundamentalmente por la deslocalización de las grandes empresas de transporte de nuestro país hacia otros Estados de la UE con menores costes de explotación de la actividad. De hecho, la federación asegura en un comunicado que “espera que el próximo Gobierno promueva dicha regulación con carácter inmediato en defensa de los intereses del actual tejido empresarial español, conformado fundamentalmente por pequeñas y medianas empresas”.